Elaborado por Boligán
domingo, 20 de junio de 2010
Me voy
RENUNCIA
(Texto publicado por el senador René Arce el 16 de diciembre de 2009 en La Crónica de Hoy)
“La esperanza era como las canicas. Hay que jugarla, aunque sepamos que en cada juego se casca un poco más”
El Desencanto!
Woldenberg
México, D. F., a 15 de diciembre de 2009.
C. JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ
PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRESENTE
Estimado Jesús:
Recientemente ha concluido el Congreso Refundacional del PRD. Los resultados del mismo me confirman que la política de “unidad a toda costa” se ha sobrepuesto a la necesidad de analizar con toda profundidad la línea organizativa y política del partido; se excluyó la discusión sobre la necesaria institucionalización del partido para que éste no siga siendo solamente el instrumento electoral de registro de candidaturas presidenciales para los líderes “indiscutibles” de la izquierda. Menos aún, se presentó la posibilidad de una alternativa organizativa como la del Frente Amplio que en el hermano país de Uruguay ha permitido a la izquierda organizarse y que, a pesar de las diferencias, ha tenido la capacidad de mantener valores democráticos como son el respeto al divergente y la toma de decisiones de manera democrática.
En cuanto a línea política, se regresa a lugares comunes para que todos estén de acuerdo y se deja de lado que nuestro país requiere de una izquierda que sin miedo a los tabúes de la antigua izquierda marxista o del anacrónico nacionalismo revolucionario esté en disposición de encontrar grandes acuerdos nacionales, incluyendo a todos los sectores de la sociedad y a nuestros adversarios políticos para lograr reformas de gran calado que permitan a México crecer y desarrollarse para brindar empleo y calidad de vida a los millones que hoy sufren de pobreza y pobreza extrema. A saber, estas reformas tendrían que ser la hacendaría y fiscal que permita que quienes más tienen más paguen, que se amplíe la base de contribuyentes, que se evite la efusión y evasión, pero que también analice la necesidad de fortalecer impuestos generales como son el IVA y el ISR.
Asimismo, se eludió el análisis de una nueva política energética que evite que el petróleo siga siendo utilizado para suplir nuestras deficiencias en materia fiscal y, por el contrario, se convierta en una verdadera palanca de desarrollo tal y como en Brasil la empresa Petrobras lo ha logrado en un corto periodo de tiempo para vergüenza de Pemex y de nuestra política energética.
El PRD debió analizar la conveniencia de una nueva reforma política que permita el cambio de modelo de gobierno que aliente mayorías coaligadas para gobernar con programas que beneficien a la mayoría de la población, así como la reelección de presidentes municipales y legisladores entre otras reformas.
Creo firmemente que nuestro país requiere de una izquierda que asuma los valores liberales en materia política, que promueva la transformación de una sociedad de mercado en una sociedad con mercado, que defienda e impulse un Estado eficiente y eficaz que regule al capital, impida monopolios y sea capaz de garantizar oportunidades de mejorar su calidad de vida a quienes menos posibilidades tienen. En conclusión: trabajar por un Estado social y de derecho.
La imposibilidad de que estos planteamientos puedan ser analizados, debatidos y resueltos antes de que se realicen las elecciones del 2012, me llevan a tomar la decisión de solicitar mi desafiliación al partido político en el cual milité durante veinte años. Me retiro agradeciendo la oportunidad de haber podido luchar por mis ideas en el interior del mismo y de haberlo representado en diversos cargos partidarios y de representación popular.
Ojalá que en un futuro, desde nuestras diversas organizaciones de orientación de izquierda, podamos compartir objetivos, en tanto les deseo éxitos en todo aquello que permita avanzar en la democracia y la equidad social.
ATENTAMENTE
RENÉ ARCE
(Texto publicado por el senador René Arce el 16 de diciembre de 2009 en La Crónica de Hoy)
“La esperanza era como las canicas. Hay que jugarla, aunque sepamos que en cada juego se casca un poco más”
El Desencanto!
Woldenberg
México, D. F., a 15 de diciembre de 2009.
C. JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ
PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRESENTE
Estimado Jesús:
Recientemente ha concluido el Congreso Refundacional del PRD. Los resultados del mismo me confirman que la política de “unidad a toda costa” se ha sobrepuesto a la necesidad de analizar con toda profundidad la línea organizativa y política del partido; se excluyó la discusión sobre la necesaria institucionalización del partido para que éste no siga siendo solamente el instrumento electoral de registro de candidaturas presidenciales para los líderes “indiscutibles” de la izquierda. Menos aún, se presentó la posibilidad de una alternativa organizativa como la del Frente Amplio que en el hermano país de Uruguay ha permitido a la izquierda organizarse y que, a pesar de las diferencias, ha tenido la capacidad de mantener valores democráticos como son el respeto al divergente y la toma de decisiones de manera democrática.
En cuanto a línea política, se regresa a lugares comunes para que todos estén de acuerdo y se deja de lado que nuestro país requiere de una izquierda que sin miedo a los tabúes de la antigua izquierda marxista o del anacrónico nacionalismo revolucionario esté en disposición de encontrar grandes acuerdos nacionales, incluyendo a todos los sectores de la sociedad y a nuestros adversarios políticos para lograr reformas de gran calado que permitan a México crecer y desarrollarse para brindar empleo y calidad de vida a los millones que hoy sufren de pobreza y pobreza extrema. A saber, estas reformas tendrían que ser la hacendaría y fiscal que permita que quienes más tienen más paguen, que se amplíe la base de contribuyentes, que se evite la efusión y evasión, pero que también analice la necesidad de fortalecer impuestos generales como son el IVA y el ISR.
Asimismo, se eludió el análisis de una nueva política energética que evite que el petróleo siga siendo utilizado para suplir nuestras deficiencias en materia fiscal y, por el contrario, se convierta en una verdadera palanca de desarrollo tal y como en Brasil la empresa Petrobras lo ha logrado en un corto periodo de tiempo para vergüenza de Pemex y de nuestra política energética.
El PRD debió analizar la conveniencia de una nueva reforma política que permita el cambio de modelo de gobierno que aliente mayorías coaligadas para gobernar con programas que beneficien a la mayoría de la población, así como la reelección de presidentes municipales y legisladores entre otras reformas.
Creo firmemente que nuestro país requiere de una izquierda que asuma los valores liberales en materia política, que promueva la transformación de una sociedad de mercado en una sociedad con mercado, que defienda e impulse un Estado eficiente y eficaz que regule al capital, impida monopolios y sea capaz de garantizar oportunidades de mejorar su calidad de vida a quienes menos posibilidades tienen. En conclusión: trabajar por un Estado social y de derecho.
La imposibilidad de que estos planteamientos puedan ser analizados, debatidos y resueltos antes de que se realicen las elecciones del 2012, me llevan a tomar la decisión de solicitar mi desafiliación al partido político en el cual milité durante veinte años. Me retiro agradeciendo la oportunidad de haber podido luchar por mis ideas en el interior del mismo y de haberlo representado en diversos cargos partidarios y de representación popular.
Ojalá que en un futuro, desde nuestras diversas organizaciones de orientación de izquierda, podamos compartir objetivos, en tanto les deseo éxitos en todo aquello que permita avanzar en la democracia y la equidad social.
ATENTAMENTE
RENÉ ARCE
Mix Opinativo
Cuarto video: voces en torno a Políticos en su tinta. ¡Vaya mezcla!
http://blip.tv/file/3780544
http://blip.tv/file/3780544
Tercer video de Políticos en su tinta
Laura Andrade, estudiante de la maestría en Periodismo Político, opina sobre el papel de los políticos en la prensa desde su experiencia como luchadora social y militante del Partido del Trabajo en el estado de Michoacán.
http://blip.tv/file/3780242
http://blip.tv/file/3780242
viernes, 18 de junio de 2010
Segundo video de Políticos en su tinta
Hugo Otilio Delgadillo, coordinador de comunicación social del PRD-Estado de México, comenta sobre la relación entre los políticos y la prensa.
http://blip.tv/file/3779915
http://blip.tv/file/3779915
jueves, 17 de junio de 2010
Primer video de Políticos en su tinta
Para inaugurar la pasarela de videos, contamos con la presencia del editor de artículos especiales de la sección de Opinión del periódico El Universal
miércoles, 16 de junio de 2010
El mismo Senador en dos escaparates
REFORMA FISCAL, ¿IMPOSTERGABLE?
(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en La Crónica de Hoy)
La reciente crisis financiera mundial, así como lo acontecido en la Unión Europea con Grecia, son focos rojos que más allá de comentar y analizar sus consecuencias nos deberían servir como punto de arranque para consolidar la reforma fiscal integral que necesita el país, si se quiere generar su desarrollo y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo de evitar tragedias financieras.
Es conocido de propios y extraños, de especialistas e inexpertos, que el sistema fiscal en México presenta grandes deficiencias. Desde hace varias décadas se viene discutiendo en el país —aunque sin consolidar nada— la insuficiencia del aparato fiscal como instrumento de apoyo al crecimiento económico y a la equidad social. La carga tributaria mexicana es una de las más bajas del mundo y, en la práctica, el sistema impositivo dista de ser eficaz como correctivo de la desigualdad en la distribución del ingreso.
El asunto está tan entrampado que cuando se han buscado soluciones a lo más que se llega en el Congreso de la Unión es a la propuesta de aumentar los impuestos. Todos lo sabemos, pero lo llegamos a perder de vista, que la baja recaudación, como proporción del PIB en México, no tiene como origen bajas tasas impositivas. Es más, aunque muchos no quieren ni que se mencione este argumento, la verdad es que las tasas mexicanas, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, se asemejan a las vigentes en países con altos ingresos tributarios. Uno de los grandes problemas reside en los regímenes especiales que siempre se modifican, a favor de los interesados, en la Ley de Ingresos que se aprueba cada año.
El grave problema que enfrentamos en México, y que en parte es responsable de la baja recaudación y por ende del escaso desarrollo del país, es la existencia de una compleja maraña de tratamientos especiales a diversos sectores que complican la administración recaudatoria y propician altos niveles de evasión y elusión.
Desde luego que no es el único problema que frena el desarrollo del país, muchos otros también influyen, tales como la desigualdad a la que se enfrentan los empresarios mexicanos ante la apertura internacional de la economía, la creciente informalidad, la competencia desleal, el favoritismo a los grandes monopolios, la desigual distribución del ingreso, la desconfianza en las autoridades, la inseguridad, la pobreza, etcétera; sin embargo, por uno tenemos que empezar para ir rompiendo este círculo vicioso.
A todo lo anterior no hay que dejar de considerar que México cuenta con un sistema fiscal que, además de ser muy limitado desde el punto de vista recaudatorio, resulta altamente vulnerable por su dependencia al petróleo. No queremos comprender que el petróleo es un recurso no renovable y que si seguimos con esa dependencia extrema, sin plantear soluciones a futuro, éste finalmente nos alcanzará y sin soluciones.
En este contexto, la única solución viable que ve la Secretaría de Hacienda, para generar el crecimiento en México, es que se paguen más impuestos. El asunto no está en la tasa del impuesto, sino en quienes los pagamos. Creo que nadie se opondría a pagar sus impuestos si hubiera factores de certeza; es decir, si fueran los justos, si las deducciones y el pago fueran de manera simple y sencilla, si desaparecieran los regímenes especiales, si el dinero de los impuestos de los ciudadanos lo vieran reflejado en su calidad de vida, y si no existieran abusos por parte de las autoridades, etcétera, etcétera.
A través de varias décadas, año tras año, o legislatura tras legislatura, se ha intentado consolidar una reforma fiscal, con un argumento contundente pero poco fuerte para lograrlo: México ha tenido tasas muy bajas de crecimiento en los últimos 30 años. Los intentos han quedado en algunas reformas, lo que se conoce como miscelánea fiscal, que lo único que ha conseguido es que México se mantenga a unas tasas de crecimiento muy escasas, a mediano plazo, que resultan inferiores a lo que tienen países emergentes.
Ya no se trata de decir que es impostergable la reforma fiscal, ese es un discurso gastado. Se trata de ver cómo y cuánto compromiso hay para consolidar la reforma fiscal, se trata de ver cuántos y cuáles compromisos existen para poder quitar los regímenes especiales, se trata de ver hasta dónde hay visión de Estado en el Congreso para hacer a un lado los asuntos electorales y coyunturales y fincar compromisos con México y su gente.
TRABAJO INFANTIL: VERGÜENZA NACIONAL
(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en El Sol de México)
El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha nos recordó la enorme deuda que se tiene con los menores, en el país y en el mundo, pues poco se ha avanzado para evitar que los niños dejen de trabajar.
De acuerdo con cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo hay 158 millones de niños y niñas menores de 15 años que están obligados a trabajar; ello debido a que la inmensa mayoría tiene muy pocas posibilidades de acceso a la educación y a oportunidades para su desarrollo, lo que afecta su seguridad. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, del total de los menores que laboran, 115 millones lo hacen expuestos a actividades que entrañan peligro para su salud.
En México, la situación del trabajo infantil -a pesar de que la Constitución lo prohíbe- no tiene nada de honrosa, por el contrario. Cifras oficiales del INEGI señalan que en el país hay 3.6 millones de niños trabajadores, con una edad que oscila entre 5 y 17 años. De ellos, un millón 100 mil son menores de 14 años y cerca de 30 por ciento laboran en el sector agrícola, pero también hay porcentajes considerables en sectores como el comercio, servicios y la industria manufacturera.
De acuerdo con el INEGI, los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron algún trabajo remunerado son: para pagar su escuela o sus propios gastos, porque en el hogar necesitan de su trabajo o para aprender un oficio, poniendo en riesgo su desarrollo físico, mental y moral.
A pesar de que el peso relativo de la población infantil en el país va disminuyendo, no reduce -por el contrario, aumenta- el número de menores que se encuentran laborando. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo) se precisa que mientras en 1974 el país contaba con 26.8 millones de menores de 15 años de edad, que entonces representaban 46.8 por ciento del total de la población, en 2009 México tenía 30.9 millones de niños y su peso relativo fue de 28.7 por ciento. ¿Qué se está haciendo mal para que mayor número de niños en el país tenga la necesidad de trabajar en vez de estudiar?
Por su parte, y de acuerdo con una investigación que realizó, la Confederación Nacional Campesina (CNC) dio sus propias cifras. De su estudio se desprende que 50 por ciento de los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos del país son niños y adolescentes que aportan cerca del 35 por ciento del ingreso familiar, en un entorno en donde son escasos los esfuerzos para evitar la explotación laboral de los menores.
La aportación tan "significativa" que hacen los menores al ingreso familiar se alcanza, desafortunadamente, con jornadas que rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo, con trabajo en condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social. Es decir, a los menores, por el hecho de serlo, siempre se les pagará menos y no podrán ejercer los derechos laborales y humanos.
El trabajo infantil resulta una vergüenza nacional, no sólo porque indica la incapacidad del Estado de dar a los niños oportunidades de educación y a sus padres de desarrollo, sino porque también priva del disfrute de la niñez, obliga a abandonar la escuela de forma prematura y puede ser perjudicial para el bienestar físico, mental y moral de estos menores, que en el futuro tendrán la responsabilidad del desarrollo del país.
No podemos ni debemos caer en la irresponsabilidad de condenar el trabajo infantil sin denunciar las causas que lo han generado, pero sobre todo, sin proponer una ruta que nos encamine hacia su erradicación. De acuerdo con especialistas, la única estrategia válida contra el trabajo infantil es reducir la pobreza en las áreas rurales de los países en desarrollo.
En nuestro país, la pobreza se agudizó desde hace cerca de tres décadas, cuando se implantó un modelo económico inhumano que daba preferencia al capital ante y sobre las personas. El problema es que, a pesar de que ese modelo económico ha fracasado, pues México no ha tenido un crecimiento real sostenido -y países que históricamente tenían un crecimiento menor al del nuestro ahora lo han superado-, el modelo continúa y sigue ensanchando la brecha entre ricos y pobres. ¿Hasta cuándo entenderemos que han sido más los daños que los beneficios de este modelo económico? Pero sobre todo, ¿hasta cuándo tendremos una visión de Estado para diseñar el modelo económico que más le conviene a México?
(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en La Crónica de Hoy)
La reciente crisis financiera mundial, así como lo acontecido en la Unión Europea con Grecia, son focos rojos que más allá de comentar y analizar sus consecuencias nos deberían servir como punto de arranque para consolidar la reforma fiscal integral que necesita el país, si se quiere generar su desarrollo y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo de evitar tragedias financieras.
Es conocido de propios y extraños, de especialistas e inexpertos, que el sistema fiscal en México presenta grandes deficiencias. Desde hace varias décadas se viene discutiendo en el país —aunque sin consolidar nada— la insuficiencia del aparato fiscal como instrumento de apoyo al crecimiento económico y a la equidad social. La carga tributaria mexicana es una de las más bajas del mundo y, en la práctica, el sistema impositivo dista de ser eficaz como correctivo de la desigualdad en la distribución del ingreso.
El asunto está tan entrampado que cuando se han buscado soluciones a lo más que se llega en el Congreso de la Unión es a la propuesta de aumentar los impuestos. Todos lo sabemos, pero lo llegamos a perder de vista, que la baja recaudación, como proporción del PIB en México, no tiene como origen bajas tasas impositivas. Es más, aunque muchos no quieren ni que se mencione este argumento, la verdad es que las tasas mexicanas, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, se asemejan a las vigentes en países con altos ingresos tributarios. Uno de los grandes problemas reside en los regímenes especiales que siempre se modifican, a favor de los interesados, en la Ley de Ingresos que se aprueba cada año.
El grave problema que enfrentamos en México, y que en parte es responsable de la baja recaudación y por ende del escaso desarrollo del país, es la existencia de una compleja maraña de tratamientos especiales a diversos sectores que complican la administración recaudatoria y propician altos niveles de evasión y elusión.
Desde luego que no es el único problema que frena el desarrollo del país, muchos otros también influyen, tales como la desigualdad a la que se enfrentan los empresarios mexicanos ante la apertura internacional de la economía, la creciente informalidad, la competencia desleal, el favoritismo a los grandes monopolios, la desigual distribución del ingreso, la desconfianza en las autoridades, la inseguridad, la pobreza, etcétera; sin embargo, por uno tenemos que empezar para ir rompiendo este círculo vicioso.
A todo lo anterior no hay que dejar de considerar que México cuenta con un sistema fiscal que, además de ser muy limitado desde el punto de vista recaudatorio, resulta altamente vulnerable por su dependencia al petróleo. No queremos comprender que el petróleo es un recurso no renovable y que si seguimos con esa dependencia extrema, sin plantear soluciones a futuro, éste finalmente nos alcanzará y sin soluciones.
En este contexto, la única solución viable que ve la Secretaría de Hacienda, para generar el crecimiento en México, es que se paguen más impuestos. El asunto no está en la tasa del impuesto, sino en quienes los pagamos. Creo que nadie se opondría a pagar sus impuestos si hubiera factores de certeza; es decir, si fueran los justos, si las deducciones y el pago fueran de manera simple y sencilla, si desaparecieran los regímenes especiales, si el dinero de los impuestos de los ciudadanos lo vieran reflejado en su calidad de vida, y si no existieran abusos por parte de las autoridades, etcétera, etcétera.
A través de varias décadas, año tras año, o legislatura tras legislatura, se ha intentado consolidar una reforma fiscal, con un argumento contundente pero poco fuerte para lograrlo: México ha tenido tasas muy bajas de crecimiento en los últimos 30 años. Los intentos han quedado en algunas reformas, lo que se conoce como miscelánea fiscal, que lo único que ha conseguido es que México se mantenga a unas tasas de crecimiento muy escasas, a mediano plazo, que resultan inferiores a lo que tienen países emergentes.
Ya no se trata de decir que es impostergable la reforma fiscal, ese es un discurso gastado. Se trata de ver cómo y cuánto compromiso hay para consolidar la reforma fiscal, se trata de ver cuántos y cuáles compromisos existen para poder quitar los regímenes especiales, se trata de ver hasta dónde hay visión de Estado en el Congreso para hacer a un lado los asuntos electorales y coyunturales y fincar compromisos con México y su gente.
TRABAJO INFANTIL: VERGÜENZA NACIONAL
(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en El Sol de México)
El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha nos recordó la enorme deuda que se tiene con los menores, en el país y en el mundo, pues poco se ha avanzado para evitar que los niños dejen de trabajar.
De acuerdo con cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo hay 158 millones de niños y niñas menores de 15 años que están obligados a trabajar; ello debido a que la inmensa mayoría tiene muy pocas posibilidades de acceso a la educación y a oportunidades para su desarrollo, lo que afecta su seguridad. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, del total de los menores que laboran, 115 millones lo hacen expuestos a actividades que entrañan peligro para su salud.
En México, la situación del trabajo infantil -a pesar de que la Constitución lo prohíbe- no tiene nada de honrosa, por el contrario. Cifras oficiales del INEGI señalan que en el país hay 3.6 millones de niños trabajadores, con una edad que oscila entre 5 y 17 años. De ellos, un millón 100 mil son menores de 14 años y cerca de 30 por ciento laboran en el sector agrícola, pero también hay porcentajes considerables en sectores como el comercio, servicios y la industria manufacturera.
De acuerdo con el INEGI, los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron algún trabajo remunerado son: para pagar su escuela o sus propios gastos, porque en el hogar necesitan de su trabajo o para aprender un oficio, poniendo en riesgo su desarrollo físico, mental y moral.
A pesar de que el peso relativo de la población infantil en el país va disminuyendo, no reduce -por el contrario, aumenta- el número de menores que se encuentran laborando. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo) se precisa que mientras en 1974 el país contaba con 26.8 millones de menores de 15 años de edad, que entonces representaban 46.8 por ciento del total de la población, en 2009 México tenía 30.9 millones de niños y su peso relativo fue de 28.7 por ciento. ¿Qué se está haciendo mal para que mayor número de niños en el país tenga la necesidad de trabajar en vez de estudiar?
Por su parte, y de acuerdo con una investigación que realizó, la Confederación Nacional Campesina (CNC) dio sus propias cifras. De su estudio se desprende que 50 por ciento de los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos del país son niños y adolescentes que aportan cerca del 35 por ciento del ingreso familiar, en un entorno en donde son escasos los esfuerzos para evitar la explotación laboral de los menores.
La aportación tan "significativa" que hacen los menores al ingreso familiar se alcanza, desafortunadamente, con jornadas que rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo, con trabajo en condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social. Es decir, a los menores, por el hecho de serlo, siempre se les pagará menos y no podrán ejercer los derechos laborales y humanos.
El trabajo infantil resulta una vergüenza nacional, no sólo porque indica la incapacidad del Estado de dar a los niños oportunidades de educación y a sus padres de desarrollo, sino porque también priva del disfrute de la niñez, obliga a abandonar la escuela de forma prematura y puede ser perjudicial para el bienestar físico, mental y moral de estos menores, que en el futuro tendrán la responsabilidad del desarrollo del país.
No podemos ni debemos caer en la irresponsabilidad de condenar el trabajo infantil sin denunciar las causas que lo han generado, pero sobre todo, sin proponer una ruta que nos encamine hacia su erradicación. De acuerdo con especialistas, la única estrategia válida contra el trabajo infantil es reducir la pobreza en las áreas rurales de los países en desarrollo.
En nuestro país, la pobreza se agudizó desde hace cerca de tres décadas, cuando se implantó un modelo económico inhumano que daba preferencia al capital ante y sobre las personas. El problema es que, a pesar de que ese modelo económico ha fracasado, pues México no ha tenido un crecimiento real sostenido -y países que históricamente tenían un crecimiento menor al del nuestro ahora lo han superado-, el modelo continúa y sigue ensanchando la brecha entre ricos y pobres. ¿Hasta cuándo entenderemos que han sido más los daños que los beneficios de este modelo económico? Pero sobre todo, ¿hasta cuándo tendremos una visión de Estado para diseñar el modelo económico que más le conviene a México?
Coincidencias
EL ESTADO EFICAZ
(Texto publicado por Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, el 24 de enero de 2010 en Reforma)
El próximo 27 de enero inicia el Foro Económico Mundial de Davos. El objetivo de las discusiones de este año es tan claro como ambicioso: "Mejorar la situación mundial: repensar, rediseñar y reconstruir". Para el caso de América Latina la pregunta a responder será si es posible compaginar la democracia con el desarrollo. Estoy convencido de que la respuesta es afirmativa. No sólo la democracia y el desarrollo son perfectamente compatibles, sino que ambos conceptos son indivisibles si se quiere traspasar la barrera de las democracias meramente electorales y alcanzar democracias que, además de respetar el sufragio, garanticen un conjunto amplio de derechos -individuales y sociales- a todos sus habitantes.
La pregunta en Davos es relevante. La alternancia política en la región no ha revertido la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia y falta de competitividad, por mencionar algunos de nuestros problemas más apremiantes. En México, vivimos la paradoja de tener una competencia electoral intensa, que refle- ja la pluralidad del país, pero un estado ineficaz, que no tiene la capacidad de cumplir con algunas de sus obligaciones básicas. Por ello, considero que nuestra nación requiere sumar voluntades sociales y políticas para acordar las bases de un "Estado Eficaz" para la democracia. El año en que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución es un momento inmejorable para presentar propuestas, alcanzar acuerdos y realizar acciones. Es un año de definiciones.
Un Estado Eficaz en nuestro país debe tener un objetivo central: garantizar todos los derechos reconocidos por la Constitución a toda la población. En México vivimos una contradicción inaceptable: se reconoce legalmente una serie de derechos civiles, políticos y sociales como la seguridad, el acceso a la justicia pronta y expedita, no ser privados de nuestras libertades, propiedades y posesiones sino mediante juicio, acceso universal a la salud y la cultura, educación de calidad, trabajo, vivienda, un medio ambiente sano y alimentación de los niños y las niñas. Sin embargo, en la práctica, un gran número de mexicanos no disfruta de estos derechos básicos. Esta brecha entre el derecho y la realidad no únicamente nos presenta un Estado rezagado en sus obligaciones, sino a una población que no puede ejercer con plenitud las garantías que le son connaturales al hecho de ser mexicano.
Eliminar esta brecha en menos de dos décadas es un gran compromiso que debemos asumir en el año de los centenarios. Un compromiso que únicamente podremos lograr si construimos un Estado Eficaz.
El primer paso en la construcción de ese Estado Eficaz es la aprobación de dos reformas que ya son parte del debate público: nuevas reglas para el régimen político y un nuevo esquema fiscal.
La reforma política debe tener el objetivo de contar con un diseño institucional que permita tomar decisiones públicas de manera democrática y a la vez eficiente para poder crear los marcos legales y políticas públicas que, con celeridad, nos permitan cerrar la brecha entre los derechos en "papel" y los derechos en la práctica. Los tres principios que deben guiar esta reforma son: un sistema electoral que fomente la formación de mayorías legislativas; facultades al Ejecutivo que le permitan avanzar con claridad su programa de gobierno; y mecanismos para mejorar la colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo.
En cuanto a la reforma fiscal, difícilmente podrá transitar si antes no se define para qué queremos los recursos. Mi propuesta es que tanto los montos como la orientación del gasto público estén determinados por el objetivo de tener recursos suficientes para poder financiar los derechos que tenemos todos los mexicanos y construir la infraestructura que necesitamos para crecer sostenidamente. La discusión sobre cómo obtener esos recursos debe tener como base cuatro principios: que todos, sin excepción, paguen de acuerdo con sus posibilidades; que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto público de acuerdo con sus necesidades; establecer una nueva definición de obligaciones tributarias entre los municipios, estados y federación, acorde con las responsabilidades de cada orden de gobierno; y que todos los organismos del Estado, sin excepción, rindan cuentas de cómo gastan los recursos de los ciudadanos.
Una buena noticia es que hay coincidencias. Los principios aquí plasmados coinciden, en términos generales, con propuestas de legisladores del PRI y otros partidos. De igual forma, hay algunas coincidencias con el Ejecutivo federal. Por ello, tenemos una oportunidad real para construir dos de los pilares del Estado Eficaz, que nos dé al mismo tiempo democracia y desarrollo. En este año de definiciones, alcanzar un consenso para mirar al futuro es el mejor regalo que le podemos hacer a México en su aniversario.
(Texto publicado por Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, el 24 de enero de 2010 en Reforma)
El próximo 27 de enero inicia el Foro Económico Mundial de Davos. El objetivo de las discusiones de este año es tan claro como ambicioso: "Mejorar la situación mundial: repensar, rediseñar y reconstruir". Para el caso de América Latina la pregunta a responder será si es posible compaginar la democracia con el desarrollo. Estoy convencido de que la respuesta es afirmativa. No sólo la democracia y el desarrollo son perfectamente compatibles, sino que ambos conceptos son indivisibles si se quiere traspasar la barrera de las democracias meramente electorales y alcanzar democracias que, además de respetar el sufragio, garanticen un conjunto amplio de derechos -individuales y sociales- a todos sus habitantes.
La pregunta en Davos es relevante. La alternancia política en la región no ha revertido la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia y falta de competitividad, por mencionar algunos de nuestros problemas más apremiantes. En México, vivimos la paradoja de tener una competencia electoral intensa, que refle- ja la pluralidad del país, pero un estado ineficaz, que no tiene la capacidad de cumplir con algunas de sus obligaciones básicas. Por ello, considero que nuestra nación requiere sumar voluntades sociales y políticas para acordar las bases de un "Estado Eficaz" para la democracia. El año en que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución es un momento inmejorable para presentar propuestas, alcanzar acuerdos y realizar acciones. Es un año de definiciones.
Un Estado Eficaz en nuestro país debe tener un objetivo central: garantizar todos los derechos reconocidos por la Constitución a toda la población. En México vivimos una contradicción inaceptable: se reconoce legalmente una serie de derechos civiles, políticos y sociales como la seguridad, el acceso a la justicia pronta y expedita, no ser privados de nuestras libertades, propiedades y posesiones sino mediante juicio, acceso universal a la salud y la cultura, educación de calidad, trabajo, vivienda, un medio ambiente sano y alimentación de los niños y las niñas. Sin embargo, en la práctica, un gran número de mexicanos no disfruta de estos derechos básicos. Esta brecha entre el derecho y la realidad no únicamente nos presenta un Estado rezagado en sus obligaciones, sino a una población que no puede ejercer con plenitud las garantías que le son connaturales al hecho de ser mexicano.
Eliminar esta brecha en menos de dos décadas es un gran compromiso que debemos asumir en el año de los centenarios. Un compromiso que únicamente podremos lograr si construimos un Estado Eficaz.
El primer paso en la construcción de ese Estado Eficaz es la aprobación de dos reformas que ya son parte del debate público: nuevas reglas para el régimen político y un nuevo esquema fiscal.
La reforma política debe tener el objetivo de contar con un diseño institucional que permita tomar decisiones públicas de manera democrática y a la vez eficiente para poder crear los marcos legales y políticas públicas que, con celeridad, nos permitan cerrar la brecha entre los derechos en "papel" y los derechos en la práctica. Los tres principios que deben guiar esta reforma son: un sistema electoral que fomente la formación de mayorías legislativas; facultades al Ejecutivo que le permitan avanzar con claridad su programa de gobierno; y mecanismos para mejorar la colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo.
En cuanto a la reforma fiscal, difícilmente podrá transitar si antes no se define para qué queremos los recursos. Mi propuesta es que tanto los montos como la orientación del gasto público estén determinados por el objetivo de tener recursos suficientes para poder financiar los derechos que tenemos todos los mexicanos y construir la infraestructura que necesitamos para crecer sostenidamente. La discusión sobre cómo obtener esos recursos debe tener como base cuatro principios: que todos, sin excepción, paguen de acuerdo con sus posibilidades; que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto público de acuerdo con sus necesidades; establecer una nueva definición de obligaciones tributarias entre los municipios, estados y federación, acorde con las responsabilidades de cada orden de gobierno; y que todos los organismos del Estado, sin excepción, rindan cuentas de cómo gastan los recursos de los ciudadanos.
Una buena noticia es que hay coincidencias. Los principios aquí plasmados coinciden, en términos generales, con propuestas de legisladores del PRI y otros partidos. De igual forma, hay algunas coincidencias con el Ejecutivo federal. Por ello, tenemos una oportunidad real para construir dos de los pilares del Estado Eficaz, que nos dé al mismo tiempo democracia y desarrollo. En este año de definiciones, alcanzar un consenso para mirar al futuro es el mejor regalo que le podemos hacer a México en su aniversario.
Echemos montón
MAYORÍAS EN EL CONGRESO PARA UN ESTADO EFICAZ
(Texto publicado por Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, el 16 de marzo de 2010 en El Universal)
El Estado en un sistema democrático necesita de mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar. Sin definiciones, el propio sistema democrático es vulnerado, ya que se vuelve incapaz de cumplir con las necesidades y expectativas de la población.
México ha vivido más de una década sin grandes reformas porque nuestro sistema institucional dificulta la construcción de mayorías. Hoy, el Estado mexicano es ineficaz porque no se ha transformado. En este año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, debemos sumar voluntades para crear los cimientos de un Estado eficaz, donde la población disfrute en la práctica de los derechos fundamentales que establece la Constitución y el país crezca a su verdadero potencial económico. El primer paso para lograr este objetivo es impulsar una reforma política que ayude a generar mayorías parlamentarias.
Existen ya tres propuestas concretas de reforma política. Todas hacen aportaciones valiosas y comparten algunos elementos. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha trazado la formación de mayorías como objetivo principal. En la propuesta de reforma del Ejecutivo se habla de la segunda vuelta presidencial como un mecanismo para crear coaliciones y, por ende, mayorías. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia de los países que cuentan con este sistema de elección, la segunda vuelta no ofrece ninguna garantía de que las coaliciones electorales se traduzcan después en mayorías para gobernar. Ni siquiera la concurrencia de la segunda vuelta presidencial con las elecciones legislativas asegura que una elevada votación para el Presidente se traduzca en mayorías legislativas para su partido.
En la propuesta de los senadores del PRI se argumenta que la ratificación del gabinete presidencial ayudaría a formar mayorías. Sin embargo, al margen de otras ventajas que pudiera tener esta propuesta, tampoco es un mecanismo que garantice la formación de mayorías, ya que la aprobación de un funcionario por el Congreso no implica un respaldo posterior al programa de gobierno del Ejecutivo. La iniciativa de PRD, PT y Convergencia, que también aporta elementos importantes al debate, no considera ningún mecanismo para construir mayorías.
La formación de mayorías se puede alcanzar con diversas fórmulas que han tenido poca resonancia en el debate. Una posible opción sería eliminar el límite de 8 puntos porcentuales a la sobrerrepresentación legislativa. Esta regla, creada en la reforma electoral de 1996, que tenía sentido en el contexto político de aquel entonces, se ha convertido en una “barrera institucional” para la formación de mayorías. Prácticamente todas las democracias cuentan con márgenes de sobrerrepresentación que, en muchas ocasiones, sirven para construir mayorías. Sin embargo, nuestro país tiene la particularidad de contar con un mecanismo constitucional para evitar la formación de mayorías; eliminarlo es una opción que hasta ahora ha estado ausente en el debate.
Otra alternativa sería retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación. En nuestro contexto democrático actual, los tres partidos grandes tienen la posibilidad de alcanzar este umbral de votación, así que esta regla no sería, como pudo haber sido en el pasado, inequitativa. Es particularmente importante que el Ejecutivo cuente con mayoría durante su primer trienio, ya que en la primera mitad de su mandato debe mostrar la efectividad de su programa de gobierno, el cual es juzgado por la ciudadanía en las elecciones intermedias. Por ello, la cláusula de gobernabilidad sería particularmente útil en las elecciones concurrentes para Presidente de la República y el Congreso de la Unión.
Otra alternativa, como lo han planteado diversas voces, sería la desaparición de legisladores plurinominales. Esta reforma, sin duda, facilitaría la formación de mayorías, al favorecer la representación de los partidos grandes. Sin embargo, tendría el inconveniente de marginar a las minorías, que son valiosos segmentos de la sociedad mexicana. Para atenuar este problema, se pueden analizar opciones que disminuyan el número de congresistas plurinominales sin desaparecer por completo esta forma de representación.
Finalmente, también se podrían explorar otras fórmulas para la integración de los legisladores plurinominales que, en combinación con los diputados uninominales y los senadores electos por entidad federativa, permitieran una integración de las Cámaras más favorable para alcanzar mayorías.
Como es claro, existen diversas opciones para crear mayorías en el presidencialismo democrático de nuestro país; es fundamental que las incorporemos al debate. No podemos perder de vista que el principal reto de nuestro sistema político es formar mayorías para gobernar. Mayorías para construir las reformas que nos permitan tener un Estado eficaz que lleve al país a crecer a su verdadero potencial y garantice, en la práctica, todos los derechos a todos los mexicanos.
(Texto publicado por Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, el 16 de marzo de 2010 en El Universal)
El Estado en un sistema democrático necesita de mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar. Sin definiciones, el propio sistema democrático es vulnerado, ya que se vuelve incapaz de cumplir con las necesidades y expectativas de la población.
México ha vivido más de una década sin grandes reformas porque nuestro sistema institucional dificulta la construcción de mayorías. Hoy, el Estado mexicano es ineficaz porque no se ha transformado. En este año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, debemos sumar voluntades para crear los cimientos de un Estado eficaz, donde la población disfrute en la práctica de los derechos fundamentales que establece la Constitución y el país crezca a su verdadero potencial económico. El primer paso para lograr este objetivo es impulsar una reforma política que ayude a generar mayorías parlamentarias.
Existen ya tres propuestas concretas de reforma política. Todas hacen aportaciones valiosas y comparten algunos elementos. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha trazado la formación de mayorías como objetivo principal. En la propuesta de reforma del Ejecutivo se habla de la segunda vuelta presidencial como un mecanismo para crear coaliciones y, por ende, mayorías. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia de los países que cuentan con este sistema de elección, la segunda vuelta no ofrece ninguna garantía de que las coaliciones electorales se traduzcan después en mayorías para gobernar. Ni siquiera la concurrencia de la segunda vuelta presidencial con las elecciones legislativas asegura que una elevada votación para el Presidente se traduzca en mayorías legislativas para su partido.
En la propuesta de los senadores del PRI se argumenta que la ratificación del gabinete presidencial ayudaría a formar mayorías. Sin embargo, al margen de otras ventajas que pudiera tener esta propuesta, tampoco es un mecanismo que garantice la formación de mayorías, ya que la aprobación de un funcionario por el Congreso no implica un respaldo posterior al programa de gobierno del Ejecutivo. La iniciativa de PRD, PT y Convergencia, que también aporta elementos importantes al debate, no considera ningún mecanismo para construir mayorías.
La formación de mayorías se puede alcanzar con diversas fórmulas que han tenido poca resonancia en el debate. Una posible opción sería eliminar el límite de 8 puntos porcentuales a la sobrerrepresentación legislativa. Esta regla, creada en la reforma electoral de 1996, que tenía sentido en el contexto político de aquel entonces, se ha convertido en una “barrera institucional” para la formación de mayorías. Prácticamente todas las democracias cuentan con márgenes de sobrerrepresentación que, en muchas ocasiones, sirven para construir mayorías. Sin embargo, nuestro país tiene la particularidad de contar con un mecanismo constitucional para evitar la formación de mayorías; eliminarlo es una opción que hasta ahora ha estado ausente en el debate.
Otra alternativa sería retomar la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% o más de la votación. En nuestro contexto democrático actual, los tres partidos grandes tienen la posibilidad de alcanzar este umbral de votación, así que esta regla no sería, como pudo haber sido en el pasado, inequitativa. Es particularmente importante que el Ejecutivo cuente con mayoría durante su primer trienio, ya que en la primera mitad de su mandato debe mostrar la efectividad de su programa de gobierno, el cual es juzgado por la ciudadanía en las elecciones intermedias. Por ello, la cláusula de gobernabilidad sería particularmente útil en las elecciones concurrentes para Presidente de la República y el Congreso de la Unión.
Otra alternativa, como lo han planteado diversas voces, sería la desaparición de legisladores plurinominales. Esta reforma, sin duda, facilitaría la formación de mayorías, al favorecer la representación de los partidos grandes. Sin embargo, tendría el inconveniente de marginar a las minorías, que son valiosos segmentos de la sociedad mexicana. Para atenuar este problema, se pueden analizar opciones que disminuyan el número de congresistas plurinominales sin desaparecer por completo esta forma de representación.
Finalmente, también se podrían explorar otras fórmulas para la integración de los legisladores plurinominales que, en combinación con los diputados uninominales y los senadores electos por entidad federativa, permitieran una integración de las Cámaras más favorable para alcanzar mayorías.
Como es claro, existen diversas opciones para crear mayorías en el presidencialismo democrático de nuestro país; es fundamental que las incorporemos al debate. No podemos perder de vista que el principal reto de nuestro sistema político es formar mayorías para gobernar. Mayorías para construir las reformas que nos permitan tener un Estado eficaz que lleve al país a crecer a su verdadero potencial y garantice, en la práctica, todos los derechos a todos los mexicanos.
El año de Hidalgo
VERACRUZ LISTO PARA GANAR EL FUTURO
(Texto publicado por Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz, el 31 de marzo de 2010 en El Sol de México)
En la recta final del gobierno no habrá el ignominioso año de Hidalgo, ni será tampoco un año de irresponsabilidad, abuso o de desviación de recursos.
Por el contrario, el compromiso es -como reza el dicho popular- que haya cuentas claras, amistades largas, profundas y fieles.
Se trata, también, de que se haga lo mismo en todos los niveles de gobierno; de que los alcaldes puedan rendir cuentas de la misma manera en que se ha comprometido esta administración.
Unidos, los gobiernos estatal y municipales seguiremos creciendo ante las adversidades.
Sin embargo, Veracruz exige imparcialidad, proporcionalidad y equidad de recursos para consolidar el desarrollo y la creación de empleos; para combatir la pobreza y marginación, a través de la construcción de infraestructura y de programas sociales e inversiones; para generar riqueza con inversiones y puestos de ocupación.
En la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, en el cumplimiento del deber y el ejercicio ético, responsable, de la administración del patrimonio común de los veracruzanos, queremos que haya un año de Juárez, un año de Morelos, y también un año de los veracruzanos.
Para el ciudadano que paga sus impuestos no existe diferencia entre quién debe proveer el servicio de limpia o el de seguridad; las buenas vialidades corrigiendo baches, hoyos; las obras de protección y cuidado del entorno, de la provisión del agua, de las tareas de reforestación.
Simplemente sabe que es el gobierno, como tal, el que tiene la obligación de proveer, independientemente del fondo o del programa.
Por ejemplo, a través de la bursatilización, del programa de peso a peso y de otras transferencias y subsidios el gobierno de Veracruz, incluso en condiciones difíciles de la economía mundial, hemos dado el impulso a las actividades de la pertenencia, que llenan de vitalidad al turismo, y a la educación.
El compromiso es tener cuentas claras.
Para predicar con el ejemplo, necesitamos hacer las cosas correctamente.
Para ello necesitamos los elementos del conocimiento y la capacitación.
El federalismo es una vía que, desafortunadamente para las entidades federativas, se ha excedido en su visión centralizada contraponiéndose a los equilibrios que deben darse entre los niveles de gobierno en el marco del pacto federal, para el desarrollo político, económico y social de los estados del país.
En esos y otros aspectos los gobiernos de los estados pueden contribuir: de lo que se trata es de ponernos de acuerdo en objetivos comunes para ir más allá y que no se quede sólo en el traspaso de funciones sino que se materialice verdaderamente en la transferencia de recursos.
Se requiere de un federalismo más cercano a las prioridades regionales, al desarrollo de infraestructura, a las necesidades sociales, que se amplíen las posibilidades de un desarrollo humano más justo para la población que se encuentra en situación de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades.
Por eso Veracruz exige imparcialidad, proporcionalidad y equidad en los recursos federales que nos permiten que consolidemos el desarrollo y la creación de empleos, que logremos, a través de rellenos sanitarios, programas de vacunación y programas alimentarios, el combate a la pobreza y a la marginación, generando riquezas con inversiones y puestos de ocupación.
Recursos que estimulen esa extraordinaria generosidad de un Veracruz que durante 25 años estuvo unido a la curva de la desindustrialización; que estuvo asociado a la quiebra de los ranchos ganaderos por la crisis del Fobaproa, situaciones que obligaron a miles, a cientos de miles de sus hijos trasladarse a la frontera con Estados Unidos y a otros países a buscar el ingreso.
Ahora, en esta etapa del crecimiento anticíclico de la economía veracruzana, hemos creado puestos de ocupación mientras lamentablemente en otras partes del país pierden puestos de trabajo.
Ahora, esta situación ha permitido que un éxodo inverso - la reinserción de 15 mil veracruzanos que habían emigrado y que vuelven a su estado para convivir con sus familias- sea una realidad con el arranque del puente aéreo que durará varios meses para trasladar a veracruzanos, sus hijos y sus familias a vivir y a progresar en Veracruz.
A los que vienen de Ciudad Juárez, Reynosa, Laredo, Matamoros, Tijuana, agobiados por la crisis de la economía que lamentablemente golpea a los Estados Unidos y a las fronteras, y más gravemente por la crisis de la seguridad, Veracruz los recibe con los brazos abiertos.
(Texto publicado por Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz, el 31 de marzo de 2010 en El Sol de México)
En la recta final del gobierno no habrá el ignominioso año de Hidalgo, ni será tampoco un año de irresponsabilidad, abuso o de desviación de recursos.
Por el contrario, el compromiso es -como reza el dicho popular- que haya cuentas claras, amistades largas, profundas y fieles.
Se trata, también, de que se haga lo mismo en todos los niveles de gobierno; de que los alcaldes puedan rendir cuentas de la misma manera en que se ha comprometido esta administración.
Unidos, los gobiernos estatal y municipales seguiremos creciendo ante las adversidades.
Sin embargo, Veracruz exige imparcialidad, proporcionalidad y equidad de recursos para consolidar el desarrollo y la creación de empleos; para combatir la pobreza y marginación, a través de la construcción de infraestructura y de programas sociales e inversiones; para generar riqueza con inversiones y puestos de ocupación.
En la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, en el cumplimiento del deber y el ejercicio ético, responsable, de la administración del patrimonio común de los veracruzanos, queremos que haya un año de Juárez, un año de Morelos, y también un año de los veracruzanos.
Para el ciudadano que paga sus impuestos no existe diferencia entre quién debe proveer el servicio de limpia o el de seguridad; las buenas vialidades corrigiendo baches, hoyos; las obras de protección y cuidado del entorno, de la provisión del agua, de las tareas de reforestación.
Simplemente sabe que es el gobierno, como tal, el que tiene la obligación de proveer, independientemente del fondo o del programa.
Por ejemplo, a través de la bursatilización, del programa de peso a peso y de otras transferencias y subsidios el gobierno de Veracruz, incluso en condiciones difíciles de la economía mundial, hemos dado el impulso a las actividades de la pertenencia, que llenan de vitalidad al turismo, y a la educación.
El compromiso es tener cuentas claras.
Para predicar con el ejemplo, necesitamos hacer las cosas correctamente.
Para ello necesitamos los elementos del conocimiento y la capacitación.
El federalismo es una vía que, desafortunadamente para las entidades federativas, se ha excedido en su visión centralizada contraponiéndose a los equilibrios que deben darse entre los niveles de gobierno en el marco del pacto federal, para el desarrollo político, económico y social de los estados del país.
En esos y otros aspectos los gobiernos de los estados pueden contribuir: de lo que se trata es de ponernos de acuerdo en objetivos comunes para ir más allá y que no se quede sólo en el traspaso de funciones sino que se materialice verdaderamente en la transferencia de recursos.
Se requiere de un federalismo más cercano a las prioridades regionales, al desarrollo de infraestructura, a las necesidades sociales, que se amplíen las posibilidades de un desarrollo humano más justo para la población que se encuentra en situación de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades.
Por eso Veracruz exige imparcialidad, proporcionalidad y equidad en los recursos federales que nos permiten que consolidemos el desarrollo y la creación de empleos, que logremos, a través de rellenos sanitarios, programas de vacunación y programas alimentarios, el combate a la pobreza y a la marginación, generando riquezas con inversiones y puestos de ocupación.
Recursos que estimulen esa extraordinaria generosidad de un Veracruz que durante 25 años estuvo unido a la curva de la desindustrialización; que estuvo asociado a la quiebra de los ranchos ganaderos por la crisis del Fobaproa, situaciones que obligaron a miles, a cientos de miles de sus hijos trasladarse a la frontera con Estados Unidos y a otros países a buscar el ingreso.
Ahora, en esta etapa del crecimiento anticíclico de la economía veracruzana, hemos creado puestos de ocupación mientras lamentablemente en otras partes del país pierden puestos de trabajo.
Ahora, esta situación ha permitido que un éxodo inverso - la reinserción de 15 mil veracruzanos que habían emigrado y que vuelven a su estado para convivir con sus familias- sea una realidad con el arranque del puente aéreo que durará varios meses para trasladar a veracruzanos, sus hijos y sus familias a vivir y a progresar en Veracruz.
A los que vienen de Ciudad Juárez, Reynosa, Laredo, Matamoros, Tijuana, agobiados por la crisis de la economía que lamentablemente golpea a los Estados Unidos y a las fronteras, y más gravemente por la crisis de la seguridad, Veracruz los recibe con los brazos abiertos.
¿Para qué tantas letras?
EL PRESIDENTE, ¿QUÉ NECESIDAD?
(Texto publicado por David Penchyna Grub, Diputado federal del PRI, el 16 de junio de 2010 en Reforma)
El presidente de la República publicó, con su firma, un desplegado respecto de las causas y la estrategia de la lucha por la seguridad pública.
Este intento de explicación tiene un contexto inmediato y un trasfondo amplio. El contexto inmediato: el día lunes el Presidente de la Unión Ganadera de Sinaloa fue asesinado. Ese día murieron ejecutados en el penal de Mazatlán 28 reos a manos de un comando armado. Ese 14 de junio fueron emboscados en Michoacán Policías Federales Preventivos; han fallecido 12. El viernes 11, hubo 77 muertos. El sábado fueron 44. El fin de semana en Nayarit, el número de fallecidos por violencia vinculada al narco fue de 29. Del 5 al 11 de junio, la cifra de muertes vinculadas al crimen organizado fue de 271. Del 11 de junio al 14, en tres días, los muertos fueron 223, 28 de ellos asesinados en un penal que la Secretaría de Seguridad Pública Federal se negó a trasladar previamente. En mayo el número de muertos fue de mil 100. De enero a la fecha, van más de 5 mil. Ése es el contexto del gesto desesperado del Presidente de la República por explicar lo que no tiene fundamento.
El desplegado se refiere a las causas del problema. Según éste, son el consumo de drogas en EUA, el paso del narcomenudeo al control territorial, la transición del control territorial al control de la sociedad; su personal versión de lo que se enuncia como el viejo modelo y los arreglos, el fácil acceso a más armamento y, en el típico apartado de la visión panista de la historia, otras causas sociales, como ellos les nombran, es decir, el cajón de sastre, que es la vida real.
Imputa el origen del problema: de un lado tenemos al gran consumidor y México es aprovechado por otros como país de tránsito. No hay una sola cifra que indique cuál es la producción nacional de estupefacientes en ese documento. No hay una sola consideración sobre el hecho de que diversificación del consumo del mercado de narcóticos en EUA y otros países ha impulsado en México la producción de drogas como las metanfetaminas y el cristal. Como en tantos otros temas, para la postura oficial, los problemas de México vienen de fuera.
Se queja de que la percepción generalizada es la del combate al narcotráfico y no la de la seguridad pública. Fue el gobierno quien creó esa percepción con campañas como la de que "para que las drogas no lleguen a tus hijos" o con la imagen del Presidente disfrazado, que no vestido y mucho menos investido de la indumentaria militar para combatir a los narcotraficantes.
Señala que la adicción a la cocaína en México se duplicó del 2002 al 2008. ¿Eso explica 25 mil muertes violentas bajo la responsabilidad civil de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas?
De la estrategia se habla de cinco líneas. Se dice "que la estrategia avanza en la dirección necesaria y establecida desde el principio". En su ignorancia como estadista, el Presidente confunde la decisión política, la determinación, la convicción, que pueden estar cimentadas en la realidad, con los plazos y las formas de la instrumentación de esa decisión, de esa voluntad y de esa determinación que cuando se corresponden con la realidad hacen a un estadista y no a un aprendiz.
Cuando se refiere a los operativos conjuntos, habrá que probar su vocación de colaboración con el famoso "michoacanazo" que no han podido sostener con pruebas plenas. Se realizan operativos sin informar e insinuando complicidades locales. El Gobierno Federal actúa como si fuera moralmente superior y estuviera por encima de toda sospecha. No ha habido nunca cooperación, ni confianza recíproca. Simplemente analícense los casos de corrupción revelados dentro de la PFP, que tanto defiende el Presidente de la República, y los que no sabemos. El Presidente no puede actuar solo: éste es un régimen de tres poderes, de garantías individuales, de una República Federal en la que el municipio es libre.
Al mismo tiempo que el Presidente urge a la depuración del Poder Judicial y en el mismo texto acusa a Ministerios Públicos y Jueces. ¿Se ha procedido en contra de alguno de ellos por omisión o se afirma todo simplemente por demagogia e intento de reparto de culpas?
En el totalitarismo lo que no se logra con fuerza, se logra con más fuerza. Así actúa el Gobierno y así razona. Por eso el desplegado no aborda el tema fundamental del respeto a los derechos humanos, ya no digamos de delincuentes, quienes también están amparados por nuestras leyes y tratados internacionales. Hablamos de niños muertos, de familias enteras, de cateos y allanamientos sin orden judicial, de violaciones generalizadas a las garantías individuales en retenes y rondines de la PFP y del Ejército, poniendo en riesgo, de este último, su prestigio y su arraigo popular.
Dice en su mensaje final que unidos vamos a ganar. El desplegado es lo que dirían los clásicos de lógica una racionalización a posteriori. Es la ilusión de darle un sentido a lo que nunca tuvo un diagnóstico, un trabajo previo de inteligencia, un cálculo de las propias fuerzas y las del adversario, y una valoración de los costos que habría de implicar la lucha en la modalidad en la que fue emprendida. Ese curso de acción colectiva México no puede acompañarlo en la irracionalidad y la falta de sentido de la historia y de las consecuencias jurídicas y políticas que esto tenga en un México cada vez más democrático, con un Poder Judicial más confiable e inmerso en un mundo globalizado de instituciones internacionales que están observando con lupa el Estado de derecho y la legalidad de los actos del Estado.
(Texto publicado por David Penchyna Grub, Diputado federal del PRI, el 16 de junio de 2010 en Reforma)
El presidente de la República publicó, con su firma, un desplegado respecto de las causas y la estrategia de la lucha por la seguridad pública.
Este intento de explicación tiene un contexto inmediato y un trasfondo amplio. El contexto inmediato: el día lunes el Presidente de la Unión Ganadera de Sinaloa fue asesinado. Ese día murieron ejecutados en el penal de Mazatlán 28 reos a manos de un comando armado. Ese 14 de junio fueron emboscados en Michoacán Policías Federales Preventivos; han fallecido 12. El viernes 11, hubo 77 muertos. El sábado fueron 44. El fin de semana en Nayarit, el número de fallecidos por violencia vinculada al narco fue de 29. Del 5 al 11 de junio, la cifra de muertes vinculadas al crimen organizado fue de 271. Del 11 de junio al 14, en tres días, los muertos fueron 223, 28 de ellos asesinados en un penal que la Secretaría de Seguridad Pública Federal se negó a trasladar previamente. En mayo el número de muertos fue de mil 100. De enero a la fecha, van más de 5 mil. Ése es el contexto del gesto desesperado del Presidente de la República por explicar lo que no tiene fundamento.
El desplegado se refiere a las causas del problema. Según éste, son el consumo de drogas en EUA, el paso del narcomenudeo al control territorial, la transición del control territorial al control de la sociedad; su personal versión de lo que se enuncia como el viejo modelo y los arreglos, el fácil acceso a más armamento y, en el típico apartado de la visión panista de la historia, otras causas sociales, como ellos les nombran, es decir, el cajón de sastre, que es la vida real.
Imputa el origen del problema: de un lado tenemos al gran consumidor y México es aprovechado por otros como país de tránsito. No hay una sola cifra que indique cuál es la producción nacional de estupefacientes en ese documento. No hay una sola consideración sobre el hecho de que diversificación del consumo del mercado de narcóticos en EUA y otros países ha impulsado en México la producción de drogas como las metanfetaminas y el cristal. Como en tantos otros temas, para la postura oficial, los problemas de México vienen de fuera.
Se queja de que la percepción generalizada es la del combate al narcotráfico y no la de la seguridad pública. Fue el gobierno quien creó esa percepción con campañas como la de que "para que las drogas no lleguen a tus hijos" o con la imagen del Presidente disfrazado, que no vestido y mucho menos investido de la indumentaria militar para combatir a los narcotraficantes.
Señala que la adicción a la cocaína en México se duplicó del 2002 al 2008. ¿Eso explica 25 mil muertes violentas bajo la responsabilidad civil de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas?
De la estrategia se habla de cinco líneas. Se dice "que la estrategia avanza en la dirección necesaria y establecida desde el principio". En su ignorancia como estadista, el Presidente confunde la decisión política, la determinación, la convicción, que pueden estar cimentadas en la realidad, con los plazos y las formas de la instrumentación de esa decisión, de esa voluntad y de esa determinación que cuando se corresponden con la realidad hacen a un estadista y no a un aprendiz.
Cuando se refiere a los operativos conjuntos, habrá que probar su vocación de colaboración con el famoso "michoacanazo" que no han podido sostener con pruebas plenas. Se realizan operativos sin informar e insinuando complicidades locales. El Gobierno Federal actúa como si fuera moralmente superior y estuviera por encima de toda sospecha. No ha habido nunca cooperación, ni confianza recíproca. Simplemente analícense los casos de corrupción revelados dentro de la PFP, que tanto defiende el Presidente de la República, y los que no sabemos. El Presidente no puede actuar solo: éste es un régimen de tres poderes, de garantías individuales, de una República Federal en la que el municipio es libre.
Al mismo tiempo que el Presidente urge a la depuración del Poder Judicial y en el mismo texto acusa a Ministerios Públicos y Jueces. ¿Se ha procedido en contra de alguno de ellos por omisión o se afirma todo simplemente por demagogia e intento de reparto de culpas?
En el totalitarismo lo que no se logra con fuerza, se logra con más fuerza. Así actúa el Gobierno y así razona. Por eso el desplegado no aborda el tema fundamental del respeto a los derechos humanos, ya no digamos de delincuentes, quienes también están amparados por nuestras leyes y tratados internacionales. Hablamos de niños muertos, de familias enteras, de cateos y allanamientos sin orden judicial, de violaciones generalizadas a las garantías individuales en retenes y rondines de la PFP y del Ejército, poniendo en riesgo, de este último, su prestigio y su arraigo popular.
Dice en su mensaje final que unidos vamos a ganar. El desplegado es lo que dirían los clásicos de lógica una racionalización a posteriori. Es la ilusión de darle un sentido a lo que nunca tuvo un diagnóstico, un trabajo previo de inteligencia, un cálculo de las propias fuerzas y las del adversario, y una valoración de los costos que habría de implicar la lucha en la modalidad en la que fue emprendida. Ese curso de acción colectiva México no puede acompañarlo en la irracionalidad y la falta de sentido de la historia y de las consecuencias jurídicas y políticas que esto tenga en un México cada vez más democrático, con un Poder Judicial más confiable e inmerso en un mundo globalizado de instituciones internacionales que están observando con lupa el Estado de derecho y la legalidad de los actos del Estado.
martes, 15 de junio de 2010
Llamados fuertes
GORDOS, IGNORANTES Y MARIGUANOS
(Extracto del texto publicado por Alejandro Gertz Manero, Diputado federal de Convergencia, el 12 de mayo de 2010 en El Universal)
El título de este artículo podría parecer muy impactante, sin embargo refleja con toda objetividad la realidad que impera para nuestros niños y jóvenes del país en cuanto a políticas públicas para esos sectores de la población.
Los datos duros e irrebatibles sobre los niveles de ignorancia que ha permitido y promovido el sistema educativo nacional nos llevan a los últimos lugares en la clasificación mundial en ciencias, lectura y matemáticas.
Todo lo anterior ocurre a pesar del gasto público en materia educativa, que es de enorme cuantía pero de ínfimos resultados, mientras el doble lenguaje prevalece en el ámbito magisterial, en el cual se privilegian las estructuras más corruptas de manipulación electoral y de control político sobre cualquier prioridad en la defensa de la capacitación y el apoyo al magisterio y a la calidad educativa.
También frente a una verdadera pandemia de obesidad, que coloca a los niños mexicanos en uno de los más altos niveles de gordura en el mundo, todas las propuestas oficiales han sido inútiles, al igual que los controles inoperantes que supuestamente han pretendido establecer para salvar a las nuevas generaciones de esta gordura malsana que invade a la niñez gracias a la comida chatarra que se expende en las cooperativas escolares y en el ambulantaje que rodea a las escuelas, mientras la fuerza de quienes producen y venden esos desechos alimenticios parece estar muy por encima de cualquier acción de rescate, en tanto el consumo de aguas negras endulzadas, que dañan y engordan a todo mundo, crece a tal grado, que México está disputando el primer lugar de consumo per cápita en bebidas endulzadas y carbonatadas que son tan negativas para la salud.
Por lo que toca a los parámetros mínimos en educación física y ejercicio cotidiano, observar un lamentable espectáculo legislativo cuyo intento por normar esas materias acabó convertido en una burla y en un fracaso, refrendando así la inexistencia de cualquier política pública mínimamente validada para rescatar a nuestra niñez de la inmovilidad y la pasividad que son tan dañinas a la salud.
En lo referente al consumo de drogas, cada día es más evidente que el asedio del narcomenudeo no sólo se ubica en las instituciones de educación media y superior, sino que ya está cercando en forma despiadada las escuelas primarias de todo el país, donde los policías de todas las advocaciones, o se hacen tontos o se hallan metidos en ese tráfico, mientras las “tienditas” alrededor de las escuelas venden la droga que está enrolando a miles de niños y jóvenes a un proceso destructivo que los llevará necesariamente a su degradación, a la delincuencia y a la criminalidad.
En este contexto tan brutal hay voces irresponsables que proponen “legalizar” la mariguana, ignorando que en nuestras leyes penales el uso de las drogas para consumo individual no está penalizado; luego entonces lo que estos promotores proponen es que ya se siembre, se almacene y se comercie legítimamente la mariguana en todo el país, para que así millones de niños y jóvenes de nuestro país vean estas drogas como un producto más de diversión y de esparcimiento, mientras las autoridades permiten que los antros donde se embriagan y se drogan puedan estar abiertos “legalmente” hasta la madrugada, e ilegalmente a todas horas.
Si todo lo descrito no lo ve la autoridad como una verdadera “política pública de destrucción de la juventud y la niñez”; y también de promoción mercenaria descarada y cínica de cualquier producto o conducta que vaya en contra de nuestras nuevas generaciones, entonces lo que tenemos en frente y estamos viviendo es un nivel de irresponsabilidad oficial que no tiene paralelo.
LAS GRANDES PENDEJADAS…
(Extracto del texto publicado por Alejandro Gertz Manero, Diputado federal de Convergencia, el 26 de mayo de 2010 en El Universal)
Se le atribuye al general Obregón una frase verdaderamente genial que decía que: “en política no hay más que una gran pendejada, las demás son pura consecuencia”.
La estúpida corrupción ancestral y el doble juego del gobierno como dueño del monopolio de la justicia y de la injusticia, de la seguridad y de la inseguridad, de la corrupción y de la impunidad, nos ha llevado al fortalecimiento de un poder paralelo delictivo, cuyo frankenstein ya se devoró a sus creadores y ahora aniquila a la población mediante el incremento desmesurado de los índices delincuenciales, de la violencia más brutal de que se tenga noticia y del amago a toda la vida comunitaria mediante extorsiones, secuestros y el dominio de la delincuencia sobre la vida económica en todo el país, sin que nadie desde el poder público atine a encontrar una solución mínimamente razonable a sus propios desatinos.
Ahora la pregunta sería si los mexicanos, que somos tan hábiles para hacer frases y ser burlones, dominando con maestría el arte de “hacernos pendejos”, tendremos la capacidad también de ser autocríticos y medianamente inteligentes para entender el daño catastrófico en el que estamos inmersos y la necesidad de recuperar un mínimo de congruencia y de patriotismo, antes de que nuestros próceres acaben de liquidarnos.
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DOS TEXTOS DEL MISMO AUTOR. TIENEN EN COMÚN EL USO DE LA ALTISONANCIA PARA EVIDENCIAR SITUACIONES QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUIEN LOS ESCRIBE, DEBEN COMBATIRSE. ¿LLAMAN A LA REFLEXIÓN LOS ARGUMENTOS QUE CONFORMAN AMBOS TEXTOS? ¿QUÉ EFECTO CAUSAN LAS PALABRAS IMPACTANTES? ¿PODRÍAN CRITICARSE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN TURNO SIN RECURRIR A ELLAS? ¿TENDRÍAN EL MISMO EFECTO LOS ENUNCIADOS SI SE OMITEN? ¿SE TRATA DE UN RECLAMO? ¿CUÁL ES EL LLAMADO IMPLÍCITO EN EL TEXTO?
(Extracto del texto publicado por Alejandro Gertz Manero, Diputado federal de Convergencia, el 12 de mayo de 2010 en El Universal)
El título de este artículo podría parecer muy impactante, sin embargo refleja con toda objetividad la realidad que impera para nuestros niños y jóvenes del país en cuanto a políticas públicas para esos sectores de la población.
Los datos duros e irrebatibles sobre los niveles de ignorancia que ha permitido y promovido el sistema educativo nacional nos llevan a los últimos lugares en la clasificación mundial en ciencias, lectura y matemáticas.
Todo lo anterior ocurre a pesar del gasto público en materia educativa, que es de enorme cuantía pero de ínfimos resultados, mientras el doble lenguaje prevalece en el ámbito magisterial, en el cual se privilegian las estructuras más corruptas de manipulación electoral y de control político sobre cualquier prioridad en la defensa de la capacitación y el apoyo al magisterio y a la calidad educativa.
También frente a una verdadera pandemia de obesidad, que coloca a los niños mexicanos en uno de los más altos niveles de gordura en el mundo, todas las propuestas oficiales han sido inútiles, al igual que los controles inoperantes que supuestamente han pretendido establecer para salvar a las nuevas generaciones de esta gordura malsana que invade a la niñez gracias a la comida chatarra que se expende en las cooperativas escolares y en el ambulantaje que rodea a las escuelas, mientras la fuerza de quienes producen y venden esos desechos alimenticios parece estar muy por encima de cualquier acción de rescate, en tanto el consumo de aguas negras endulzadas, que dañan y engordan a todo mundo, crece a tal grado, que México está disputando el primer lugar de consumo per cápita en bebidas endulzadas y carbonatadas que son tan negativas para la salud.
Por lo que toca a los parámetros mínimos en educación física y ejercicio cotidiano, observar un lamentable espectáculo legislativo cuyo intento por normar esas materias acabó convertido en una burla y en un fracaso, refrendando así la inexistencia de cualquier política pública mínimamente validada para rescatar a nuestra niñez de la inmovilidad y la pasividad que son tan dañinas a la salud.
En lo referente al consumo de drogas, cada día es más evidente que el asedio del narcomenudeo no sólo se ubica en las instituciones de educación media y superior, sino que ya está cercando en forma despiadada las escuelas primarias de todo el país, donde los policías de todas las advocaciones, o se hacen tontos o se hallan metidos en ese tráfico, mientras las “tienditas” alrededor de las escuelas venden la droga que está enrolando a miles de niños y jóvenes a un proceso destructivo que los llevará necesariamente a su degradación, a la delincuencia y a la criminalidad.
En este contexto tan brutal hay voces irresponsables que proponen “legalizar” la mariguana, ignorando que en nuestras leyes penales el uso de las drogas para consumo individual no está penalizado; luego entonces lo que estos promotores proponen es que ya se siembre, se almacene y se comercie legítimamente la mariguana en todo el país, para que así millones de niños y jóvenes de nuestro país vean estas drogas como un producto más de diversión y de esparcimiento, mientras las autoridades permiten que los antros donde se embriagan y se drogan puedan estar abiertos “legalmente” hasta la madrugada, e ilegalmente a todas horas.
Si todo lo descrito no lo ve la autoridad como una verdadera “política pública de destrucción de la juventud y la niñez”; y también de promoción mercenaria descarada y cínica de cualquier producto o conducta que vaya en contra de nuestras nuevas generaciones, entonces lo que tenemos en frente y estamos viviendo es un nivel de irresponsabilidad oficial que no tiene paralelo.
LAS GRANDES PENDEJADAS…
(Extracto del texto publicado por Alejandro Gertz Manero, Diputado federal de Convergencia, el 26 de mayo de 2010 en El Universal)
Se le atribuye al general Obregón una frase verdaderamente genial que decía que: “en política no hay más que una gran pendejada, las demás son pura consecuencia”.
La estúpida corrupción ancestral y el doble juego del gobierno como dueño del monopolio de la justicia y de la injusticia, de la seguridad y de la inseguridad, de la corrupción y de la impunidad, nos ha llevado al fortalecimiento de un poder paralelo delictivo, cuyo frankenstein ya se devoró a sus creadores y ahora aniquila a la población mediante el incremento desmesurado de los índices delincuenciales, de la violencia más brutal de que se tenga noticia y del amago a toda la vida comunitaria mediante extorsiones, secuestros y el dominio de la delincuencia sobre la vida económica en todo el país, sin que nadie desde el poder público atine a encontrar una solución mínimamente razonable a sus propios desatinos.
Ahora la pregunta sería si los mexicanos, que somos tan hábiles para hacer frases y ser burlones, dominando con maestría el arte de “hacernos pendejos”, tendremos la capacidad también de ser autocríticos y medianamente inteligentes para entender el daño catastrófico en el que estamos inmersos y la necesidad de recuperar un mínimo de congruencia y de patriotismo, antes de que nuestros próceres acaben de liquidarnos.
***************
DOS TEXTOS DEL MISMO AUTOR. TIENEN EN COMÚN EL USO DE LA ALTISONANCIA PARA EVIDENCIAR SITUACIONES QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUIEN LOS ESCRIBE, DEBEN COMBATIRSE. ¿LLAMAN A LA REFLEXIÓN LOS ARGUMENTOS QUE CONFORMAN AMBOS TEXTOS? ¿QUÉ EFECTO CAUSAN LAS PALABRAS IMPACTANTES? ¿PODRÍAN CRITICARSE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN TURNO SIN RECURRIR A ELLAS? ¿TENDRÍAN EL MISMO EFECTO LOS ENUNCIADOS SI SE OMITEN? ¿SE TRATA DE UN RECLAMO? ¿CUÁL ES EL LLAMADO IMPLÍCITO EN EL TEXTO?
Los mismos derechos
DERECHOS HUMANOS
(Texto publicado por Santiago Creel, Senador del Partido Acción Nacional, el 11 de abril de 2010 en El Universal)
El Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
DERECHOS HUMANOS: CONTRAPESO AL ESTADO
(Texto publicado por Rubén Moreira, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 16 de abril de 2010 en El Universal)
México vive momentos lamentables en cuestión del respeto a los derechos humanos. No son sólo la gran cantidad de sucesos en donde la fuerza pública daña a particulares. Lo más peligroso es que desde el poder se alientan estrategias de seguridad que desembocan en abusos, daños, detenciones arbitrarias e incluso homicidios culposos.
A la cifra oficial —de miles de muertos— se añaden los mal llamados “daños colaterales” de la perversamente bautizada “guerra contra el narco”. Cada semana se reportan inocentes que fallecen, víctimas del fuego cruzado o bien de balas perdidas, como el caso de los jóvenes del Tec.
En el discurso la autoridad pondera la legalidad, pero en términos concretos las cosas van por otro camino. En 2009, por ejemplo, de 78 recomendaciones emitidas sólo se cumplieron siete en forma total y 20 no fueron aceptadas por parte de 25 autoridades. Organismos internacionales han señalado la gravedad de lo que ocurre en el país, entre ellos Amnistía Internacional y, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recomendó al Estado mexicano: modificar la legislación para que las violaciones de las fuerzas armadas a los derechos humanos sean juzgadas por autoridades civiles; eliminar la figura del arraigo y garantizar la presunción de inocencia; además de armonizar la legislación de los estados con los compromisos internacionales firmados por México.
A lo anterior se suma el antecedente de el michoacanazo, acción por la cual se detuvo a servidores públicos estatales acusándolos de vínculos con el narco, en pleno proceso electoral, dejando en el ánimo de la opinión nacional la sensación de ser una estratagema de carácter político, percepción que cobra fuerza con la liberación de los funcionarios y con la difusión de la recomendación de la CNDH que alertó de la injusticia.
En medio de este panorama desolador, el Senado abrió una puerta que puede iniciar la reconstrucción de la legalidad en el país. Sobre un dictamen que recibió de la Cámara de Diputados construyó una reforma en materia de derechos humanos que no tiene precedente y representa una esperanza de defensa ante un Ejecutivo que empuja el autoritarismo y la impunidad. La reforma cambia el nombre de un capítulo, toca 11 artículos y obligará a una amplia modificación a leyes reglamentarias y a las constituciones locales. En este esfuerzo legislativo se reconocen los derechos humanos como garantía de las personas, tanto los de la propia Constitución como los contenidos en los tratados internacionales signados por nuestro país. Además, incluye los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos e incorpora límites contundentes a la posibilidad de suspender garantías y derechos humanos.
La CNDH tendrá nuevas facultades que la redimensionan, podrá iniciar investigaciones y presentar las denuncias que considere pertinentes; para lo anterior adquiere la calidad de autoridad investigadora, lo que obliga a otras autoridades a entregar la información que requiera para desarrollar su trabajo. Con la reforma también tendrá la posibilidad de conocer asuntos de carácter laboral, hasta ahora inexplicablemente vedados para ella.
Entre las modificaciones resalta una que tiene efectos prácticos inmediatos: la autoridad que rechace una recomendación podrá ser citada ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso para explicar su proceder; esto significará un fuerte contrapeso para que la autoridad recomendada acate lo dispuesto por la CNDH.
La esencia del régimen constitucional es reconocer derechos fundamentales y establecer límites al ejercicio del poder público. Los pesos y contrapesos deben regir sobre poderes y actos de autoridad, pero hacía tiempo que el fiel de la balanza se inclinaba hacia la autoridad. Justificado en un estado de emergencia, llegamos a vivir en un estado con reglas de excepción. Vemos con gusto que con reformas de este tipo las reglas se inclinen de nuevo en favor de los derechos humanos y de las garantías, es una muestra clara de que en estos momentos, cuando presagian una década de violencia, existan contrapesos a la actuación de la autoridad; se trata de un camino de regreso al estado de normalidad.
******************
AMBOS TEXTOS SE REFIEREN A LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. UNO DETALLA LAS MODIFICACIONES Y LO QUE SE DESPRENDE DE ELLAS. OTRO, SI BIEN ENUNCIA LOS BENEFICIOS QUE TRAE CONSIGO, DESCRIBE EL PANORAMA EN EL QUE SE INSERTA DICHA REFORMA.
¿PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LOS TEXTOS SE COMPLEMENTAN?
¿ENCONTRAMOS EN ELLOS HUELLAS DE POSICIONAMIENTOS PARTIDISTAS?
(Texto publicado por Santiago Creel, Senador del Partido Acción Nacional, el 11 de abril de 2010 en El Universal)
El Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
DERECHOS HUMANOS: CONTRAPESO AL ESTADO
(Texto publicado por Rubén Moreira, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 16 de abril de 2010 en El Universal)
México vive momentos lamentables en cuestión del respeto a los derechos humanos. No son sólo la gran cantidad de sucesos en donde la fuerza pública daña a particulares. Lo más peligroso es que desde el poder se alientan estrategias de seguridad que desembocan en abusos, daños, detenciones arbitrarias e incluso homicidios culposos.
A la cifra oficial —de miles de muertos— se añaden los mal llamados “daños colaterales” de la perversamente bautizada “guerra contra el narco”. Cada semana se reportan inocentes que fallecen, víctimas del fuego cruzado o bien de balas perdidas, como el caso de los jóvenes del Tec.
En el discurso la autoridad pondera la legalidad, pero en términos concretos las cosas van por otro camino. En 2009, por ejemplo, de 78 recomendaciones emitidas sólo se cumplieron siete en forma total y 20 no fueron aceptadas por parte de 25 autoridades. Organismos internacionales han señalado la gravedad de lo que ocurre en el país, entre ellos Amnistía Internacional y, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recomendó al Estado mexicano: modificar la legislación para que las violaciones de las fuerzas armadas a los derechos humanos sean juzgadas por autoridades civiles; eliminar la figura del arraigo y garantizar la presunción de inocencia; además de armonizar la legislación de los estados con los compromisos internacionales firmados por México.
A lo anterior se suma el antecedente de el michoacanazo, acción por la cual se detuvo a servidores públicos estatales acusándolos de vínculos con el narco, en pleno proceso electoral, dejando en el ánimo de la opinión nacional la sensación de ser una estratagema de carácter político, percepción que cobra fuerza con la liberación de los funcionarios y con la difusión de la recomendación de la CNDH que alertó de la injusticia.
En medio de este panorama desolador, el Senado abrió una puerta que puede iniciar la reconstrucción de la legalidad en el país. Sobre un dictamen que recibió de la Cámara de Diputados construyó una reforma en materia de derechos humanos que no tiene precedente y representa una esperanza de defensa ante un Ejecutivo que empuja el autoritarismo y la impunidad. La reforma cambia el nombre de un capítulo, toca 11 artículos y obligará a una amplia modificación a leyes reglamentarias y a las constituciones locales. En este esfuerzo legislativo se reconocen los derechos humanos como garantía de las personas, tanto los de la propia Constitución como los contenidos en los tratados internacionales signados por nuestro país. Además, incluye los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos e incorpora límites contundentes a la posibilidad de suspender garantías y derechos humanos.
La CNDH tendrá nuevas facultades que la redimensionan, podrá iniciar investigaciones y presentar las denuncias que considere pertinentes; para lo anterior adquiere la calidad de autoridad investigadora, lo que obliga a otras autoridades a entregar la información que requiera para desarrollar su trabajo. Con la reforma también tendrá la posibilidad de conocer asuntos de carácter laboral, hasta ahora inexplicablemente vedados para ella.
Entre las modificaciones resalta una que tiene efectos prácticos inmediatos: la autoridad que rechace una recomendación podrá ser citada ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso para explicar su proceder; esto significará un fuerte contrapeso para que la autoridad recomendada acate lo dispuesto por la CNDH.
La esencia del régimen constitucional es reconocer derechos fundamentales y establecer límites al ejercicio del poder público. Los pesos y contrapesos deben regir sobre poderes y actos de autoridad, pero hacía tiempo que el fiel de la balanza se inclinaba hacia la autoridad. Justificado en un estado de emergencia, llegamos a vivir en un estado con reglas de excepción. Vemos con gusto que con reformas de este tipo las reglas se inclinen de nuevo en favor de los derechos humanos y de las garantías, es una muestra clara de que en estos momentos, cuando presagian una década de violencia, existan contrapesos a la actuación de la autoridad; se trata de un camino de regreso al estado de normalidad.
******************
AMBOS TEXTOS SE REFIEREN A LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. UNO DETALLA LAS MODIFICACIONES Y LO QUE SE DESPRENDE DE ELLAS. OTRO, SI BIEN ENUNCIA LOS BENEFICIOS QUE TRAE CONSIGO, DESCRIBE EL PANORAMA EN EL QUE SE INSERTA DICHA REFORMA.
¿PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LOS TEXTOS SE COMPLEMENTAN?
¿ENCONTRAMOS EN ELLOS HUELLAS DE POSICIONAMIENTOS PARTIDISTAS?
El Diputado
ULISES RUIZ EN CAMPAÑA
(Extracto del texto publicado por Javier Corral, Diputado federal del PAN, el 8 de junio de 2010 en El Universal)
El gobernador de Oaxaca abandonó —ahora sí de manera completa—, la tarea de gobierno y se asumió como el coordinador de campaña de su socio y amigo Eviel Pérez Magaña, no sólo porque encabeza la promoción en medios —particularmente en el sistema oaxaqueño de radio y tv—, sino porque ha dispuesto de los recursos públicos del programa de “Unidades móviles” para armar la estructura electoral. Tiene bajo su mando los órganos electorales, conformó la mayoría de las planillas de los concejos municipales, y personalmente hace operativos de guerra sucia como tratar de socavar a la coalición opositora con acciones de intimidación, chantaje y cooptación.
Ruiz tomó el teléfono la semana pasada y llamó a varios de los precandidatos que no obtuvieron su nominación en la coalición para ofrecerles todo tipo de prebendas, incluído registrar sus candidaturas por otros partidos, ofrecidamente el Panal. Sin rubor se atrevió a hablarle a varios precandidatos panistas para ofrecerles “lo que quisieran”. Y ya no se midió cuando llamó a nuestro candidato a diputado por el distrito XV de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez, para convencerlo de que se pasara de su lado. Tengo, por supuesto, detalles de la conversación.
La falta de escrúpulos del gobernador tiene también su alianza: con una buena parte del conjunto de medios donde reina la desmemoria y la hipocresía, protegiendo al responsable verdadero de aquellos hechos, al auténtico creador de la APPO, intocado en sus tropelías, mientras se destinan ríos de tinta para hacer odioso y odiado a un hombre cuya integración a la coalición es el mejor ejemplo de que la verdadera reconciliación en la entidad será la inclusión social completa, de la que Flavio, en efecto es su expresión más popular.
Pese a estos hechos, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.
IXTLI MARTÍNEZ
(Extracto del texto publicado por Javier Corral, Diputado federal del PAN, el 15 de junio de 2010 en El Universal)
La periodista Ixtli Martínez, corresponsal de MVS Noticias en Oaxaca, fue herida de bala la semana pasada en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mientras cubría una gresca estudiantil. Se trata de un grave suceso de la violencia porril que una y otra vez hace su presencia en esta entidad dentro de la violencia política que de insólita se ha vuelto cotidiana.
El escenario que rodea a este hecho es el ambiente de impunidad en diversas regiones y sectores oaxaqueños, alentado por el propio gobierno estatal, que no tiene reparo en utilizar al Ministerio Público para persecuciones político-electorales o para proteger, literalmente, a sus bandas de porros.
Llamé la atención del asunto desde el primer momento porque me parece muy grave y delicada la intención original y apresurada de hacer creer a la población que se trata de una bala perdida dentro de una trifulca estudiantil en la que la reportera ha jugado el riesgo de su profesión intrépida. La contundente declaración de la propia periodista sobre la forma en que fue baleada exige la intervención y el seguimiento puntual de los organismos de derechos humanos del país, y de las organizaciones que defienden el trabajo de los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión. El trabajo periodístico que ella y su esposo Virgilio Sánchez, corresponsal del periódico Reforma han venido realizando en torno de la violencia en la zona triqui y los reportajes sobre el ilegal como inmoral uso de recursos públicos del gobierno de Ulises Ruiz a favor de Eviel Pérez Magaña, así como de los asesinos que lo acompañan, son hechos informativos que constituyen un contexto que la autoridad no puede eludir en su investigación.
Atentar contra cualquier persona como se hizo la semana pasada en contra de Ixtli Martínez es un hecho condenable, y lo es más porque se trata de una periodista. Cuando se atenta contra un periodista no sólo se vulnera la integridad física de una persona, sino se atenta contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Se vulneran muchos bienes de suma importancia para la democracia y la convivencia social.
Con el Ministerio Público que se desempeña en Oaxaca todo debe ser revisado dos veces.
***************
TENEMOS DOS TEXTOS DE UNA MISMA PERSONA. AMBOS SE REFIEREN A HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN EL ESTADO DE OAXACA.
¿INFORMA?
¿DESCRIBE?
¿EXPLICA?
¿DENUNCIA?
¿CONTEXTUALIZA?
¿CÓMO INTERPRETAR EL USO DE ADJETIVOS CALIFICATIVOS?
¿QUÉ RELEVANCIA TIENEN LOS DATOS QUE PROPORCIONA?
(Extracto del texto publicado por Javier Corral, Diputado federal del PAN, el 8 de junio de 2010 en El Universal)
El gobernador de Oaxaca abandonó —ahora sí de manera completa—, la tarea de gobierno y se asumió como el coordinador de campaña de su socio y amigo Eviel Pérez Magaña, no sólo porque encabeza la promoción en medios —particularmente en el sistema oaxaqueño de radio y tv—, sino porque ha dispuesto de los recursos públicos del programa de “Unidades móviles” para armar la estructura electoral. Tiene bajo su mando los órganos electorales, conformó la mayoría de las planillas de los concejos municipales, y personalmente hace operativos de guerra sucia como tratar de socavar a la coalición opositora con acciones de intimidación, chantaje y cooptación.
Ruiz tomó el teléfono la semana pasada y llamó a varios de los precandidatos que no obtuvieron su nominación en la coalición para ofrecerles todo tipo de prebendas, incluído registrar sus candidaturas por otros partidos, ofrecidamente el Panal. Sin rubor se atrevió a hablarle a varios precandidatos panistas para ofrecerles “lo que quisieran”. Y ya no se midió cuando llamó a nuestro candidato a diputado por el distrito XV de Huajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez, para convencerlo de que se pasara de su lado. Tengo, por supuesto, detalles de la conversación.
La falta de escrúpulos del gobernador tiene también su alianza: con una buena parte del conjunto de medios donde reina la desmemoria y la hipocresía, protegiendo al responsable verdadero de aquellos hechos, al auténtico creador de la APPO, intocado en sus tropelías, mientras se destinan ríos de tinta para hacer odioso y odiado a un hombre cuya integración a la coalición es el mejor ejemplo de que la verdadera reconciliación en la entidad será la inclusión social completa, de la que Flavio, en efecto es su expresión más popular.
Pese a estos hechos, documentados y comprobables, las autoridades electorales parecen no existir. La complicidad del Instituto electoral y del Tribunal cierran el ciclo de la desfachatez.
IXTLI MARTÍNEZ
(Extracto del texto publicado por Javier Corral, Diputado federal del PAN, el 15 de junio de 2010 en El Universal)
La periodista Ixtli Martínez, corresponsal de MVS Noticias en Oaxaca, fue herida de bala la semana pasada en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mientras cubría una gresca estudiantil. Se trata de un grave suceso de la violencia porril que una y otra vez hace su presencia en esta entidad dentro de la violencia política que de insólita se ha vuelto cotidiana.
El escenario que rodea a este hecho es el ambiente de impunidad en diversas regiones y sectores oaxaqueños, alentado por el propio gobierno estatal, que no tiene reparo en utilizar al Ministerio Público para persecuciones político-electorales o para proteger, literalmente, a sus bandas de porros.
Llamé la atención del asunto desde el primer momento porque me parece muy grave y delicada la intención original y apresurada de hacer creer a la población que se trata de una bala perdida dentro de una trifulca estudiantil en la que la reportera ha jugado el riesgo de su profesión intrépida. La contundente declaración de la propia periodista sobre la forma en que fue baleada exige la intervención y el seguimiento puntual de los organismos de derechos humanos del país, y de las organizaciones que defienden el trabajo de los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión. El trabajo periodístico que ella y su esposo Virgilio Sánchez, corresponsal del periódico Reforma han venido realizando en torno de la violencia en la zona triqui y los reportajes sobre el ilegal como inmoral uso de recursos públicos del gobierno de Ulises Ruiz a favor de Eviel Pérez Magaña, así como de los asesinos que lo acompañan, son hechos informativos que constituyen un contexto que la autoridad no puede eludir en su investigación.
Atentar contra cualquier persona como se hizo la semana pasada en contra de Ixtli Martínez es un hecho condenable, y lo es más porque se trata de una periodista. Cuando se atenta contra un periodista no sólo se vulnera la integridad física de una persona, sino se atenta contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Se vulneran muchos bienes de suma importancia para la democracia y la convivencia social.
Con el Ministerio Público que se desempeña en Oaxaca todo debe ser revisado dos veces.
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TENEMOS DOS TEXTOS DE UNA MISMA PERSONA. AMBOS SE REFIEREN A HECHOS QUE TUVIERON LUGAR EN EL ESTADO DE OAXACA.
¿INFORMA?
¿DESCRIBE?
¿EXPLICA?
¿DENUNCIA?
¿CONTEXTUALIZA?
¿CÓMO INTERPRETAR EL USO DE ADJETIVOS CALIFICATIVOS?
¿QUÉ RELEVANCIA TIENEN LOS DATOS QUE PROPORCIONA?
viernes, 4 de junio de 2010
Limpiemos la imagen
PRECISIONES
(Extracto del texto publicado por Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, el 30 de noviembre de 2009 en El Universal)
Soy una persona de definiciones.
Opté por valorar la importancia del Estado y de lo público. Por preeminenciar lo social versus lo privado. Por las reivindicaciones agrarias, campesinas, de los núcleos indígenas; he procurado acompañar las causas de las mujeres, y abonar un grado de avance, en las trincheras donde me he encontrado. Y otras tantas definiciones. Una crucial: soy demócrata.
Doy mis batallas, en los temas de mis convicciones, como una militante más, con un rango de dirigencia, pero no con una dirigencia ni autoritaria ni vertical.
En el debate sobre el llamado “derecho a la vida”, en las legislaciones estatales, en mi calidad de dirigente nacional del PRI, conversé con la dirigente nacional de las mujeres para consultar su posición, y la instruí para que se pusiera en contacto con autoridades locales y las diputadas de nuestro instituto político, para expresar nuestro punto de vista y advertir de la complejidad y riesgo de este tema, y del rechazo de la Organización de Mujeres del PRI a que los derechos de las mujeres se vean afectados. Que hubiese argumentación, y se escuchen los diversos planteamientos.
Al mismo tiempo, en cuanto a los procesos legislativos locales, actuamos respetando nuestra condición de partido federalista, y asumiendo la libertad democrática de los legisladores locales de filiación priísta. En el DF, los priístas votaron por la despenalización del aborto, con algunas causales y especificaciones precisas; en otras entidades federativas, han votado en otro sentido, e incluso han existido votos diferenciados.
Es claro que el tema divide a la sociedad mexicana, y la representación del PRI, que es reflejo de esta sociedad, también tiene una posición dividida. El debate sigue abierto. La democracia interior es el camino legítimo para encauzar las diferencias, y buscar lo que más conviene a la sociedad mexicana, sin detrimento de los derechos de las mujeres.
MIS RAZONES
(Extracto del texto publicado por César Nava, presidente nacional del PAN, el 9 de marzo de 2010 en El Universal)
Se me ha acusado de faltar a la verdad.
Quizás erré al confiar dos veces en la buena fe y el sentido del honor de Peña Nieto, al no exigir que constara por escrito la obligación del PRI de apoyar la aprobación del paquete de ingresos en el Congreso y al negar la existencia del acuerdo.
Si pudiéramos resumir en unas cuantas palabras el proceder del gobernador del estado de México, diría: Primero, pidió el acuerdo. Luego, lo incumplió. Después, lo divulgó. Y ahora, guarda silencio.
He asumido a cabalidad la responsabilidad personalísima de suscribir el acuerdo y las consecuencias de hacerlo público una vez que he sido liberado de mi obligación de reserva. He dicho toda la verdad sobre este capítulo de finales del año pasado. No puedo aceptar por respuesta ni el silencio ni la falsedad.
Lo he dicho y lo reitero, no trabajo para mi causa personal. Siembro para que otros cosechen. He tomado las decisiones que estimo necesarias para darle al país la posibilidad real de una elección entre dos proyectos de nación en 2012. En este camino, entre la opción de pagar un costo individual y la alternativa de preservar un bien superior, optaré siempre por ésta. Lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo con la certeza de que, al final, el prisma de la verdad reflejará su luz sobre la escena pública y hará, como escribió el maestro Sabina, que las verdades no tengan complejos y las mentiras parezcan mentiras.
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DOS DIRIGENTES DE PARTIDO. DOS TEXTOS PARA "PRECISAR RAZONES". ¿UN MISMO OBJETIVO?
¿Quién habla en cada uno de los discursos? ¿Cuántas voces encontramos en los textos? ¿Escuchamos al dirigente partidista o al ciudadano común y corriente? ¿Ante quién hablan? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué uso hacen de las páginas de opinión?
(Extracto del texto publicado por Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, el 30 de noviembre de 2009 en El Universal)
Soy una persona de definiciones.
Opté por valorar la importancia del Estado y de lo público. Por preeminenciar lo social versus lo privado. Por las reivindicaciones agrarias, campesinas, de los núcleos indígenas; he procurado acompañar las causas de las mujeres, y abonar un grado de avance, en las trincheras donde me he encontrado. Y otras tantas definiciones. Una crucial: soy demócrata.
Doy mis batallas, en los temas de mis convicciones, como una militante más, con un rango de dirigencia, pero no con una dirigencia ni autoritaria ni vertical.
En el debate sobre el llamado “derecho a la vida”, en las legislaciones estatales, en mi calidad de dirigente nacional del PRI, conversé con la dirigente nacional de las mujeres para consultar su posición, y la instruí para que se pusiera en contacto con autoridades locales y las diputadas de nuestro instituto político, para expresar nuestro punto de vista y advertir de la complejidad y riesgo de este tema, y del rechazo de la Organización de Mujeres del PRI a que los derechos de las mujeres se vean afectados. Que hubiese argumentación, y se escuchen los diversos planteamientos.
Al mismo tiempo, en cuanto a los procesos legislativos locales, actuamos respetando nuestra condición de partido federalista, y asumiendo la libertad democrática de los legisladores locales de filiación priísta. En el DF, los priístas votaron por la despenalización del aborto, con algunas causales y especificaciones precisas; en otras entidades federativas, han votado en otro sentido, e incluso han existido votos diferenciados.
Es claro que el tema divide a la sociedad mexicana, y la representación del PRI, que es reflejo de esta sociedad, también tiene una posición dividida. El debate sigue abierto. La democracia interior es el camino legítimo para encauzar las diferencias, y buscar lo que más conviene a la sociedad mexicana, sin detrimento de los derechos de las mujeres.
MIS RAZONES
(Extracto del texto publicado por César Nava, presidente nacional del PAN, el 9 de marzo de 2010 en El Universal)
Se me ha acusado de faltar a la verdad.
Quizás erré al confiar dos veces en la buena fe y el sentido del honor de Peña Nieto, al no exigir que constara por escrito la obligación del PRI de apoyar la aprobación del paquete de ingresos en el Congreso y al negar la existencia del acuerdo.
Si pudiéramos resumir en unas cuantas palabras el proceder del gobernador del estado de México, diría: Primero, pidió el acuerdo. Luego, lo incumplió. Después, lo divulgó. Y ahora, guarda silencio.
He asumido a cabalidad la responsabilidad personalísima de suscribir el acuerdo y las consecuencias de hacerlo público una vez que he sido liberado de mi obligación de reserva. He dicho toda la verdad sobre este capítulo de finales del año pasado. No puedo aceptar por respuesta ni el silencio ni la falsedad.
Lo he dicho y lo reitero, no trabajo para mi causa personal. Siembro para que otros cosechen. He tomado las decisiones que estimo necesarias para darle al país la posibilidad real de una elección entre dos proyectos de nación en 2012. En este camino, entre la opción de pagar un costo individual y la alternativa de preservar un bien superior, optaré siempre por ésta. Lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo con la certeza de que, al final, el prisma de la verdad reflejará su luz sobre la escena pública y hará, como escribió el maestro Sabina, que las verdades no tengan complejos y las mentiras parezcan mentiras.
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DOS DIRIGENTES DE PARTIDO. DOS TEXTOS PARA "PRECISAR RAZONES". ¿UN MISMO OBJETIVO?
¿Quién habla en cada uno de los discursos? ¿Cuántas voces encontramos en los textos? ¿Escuchamos al dirigente partidista o al ciudadano común y corriente? ¿Ante quién hablan? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué uso hacen de las páginas de opinión?
miércoles, 2 de junio de 2010
Con todo respeto
Comienza el desfile político en la pasarela periodística.
He aquí dos textos para arrancar con el intercambio reflexivo en torno a lo publicado por los políticos en los diarios mexicanos.
¿Se trata, en el caso de estos textos, de un diálogo entre partidos?
¿VIVIR MEJOR?
(Extracto del texto publicado por Francisco Rojas, coordinador de los diputados federales del PRI, el 1 de junio de 2010 en El Universal)
Hoy la gente se sabe indefensa al ver que cada semana, cada día, se confirma que este es un gobierno fallido. Es inquietante que el gobierno crea que los problemas son sólo “percepciones”, pues esa lógica hace que se gobierne con discursos y campañas mediáticas que hablan de un país imaginario, y no con acciones reales y eficaces.
¿“Mejor”? ¿Vivimos mejor hoy que hace tres años y medio o hace 10? ¿Mejor en la inseguridad y la violencia en distintas partes del territorio nacional? ¿Vivimos mejor con una política económica recesiva y dos millones y medio de trabajadores sin trabajo? ¿Viven mejor los niños y jóvenes con una educación que ha caído en la desidia y el engaño y está desvinculada de la economía? ¿Vive mejor la mitad de la población que está en pobreza o a punto de caer en ella? ¿Mejor los hombres y mujeres que perdieron su empleo y no pueden encontrar otra colocación digna?
Entre discursos que intentan cambiar las “percepciones”, rencillas políticas y uso de los programas sociales con fines preelectorales, se ha perdido la primera mitad de otro sexenio, mientras los problemas diarios de la gente se agravan y el gobierno parece creer en el mundo ilusorio que ideó como eje de su política de persuasión colectiva.
Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con las autoridades con objeto de evitar descalabros futuros y propiciar que se adopten las medidas necesarias para que la recuperación sea real y duradera, pero el uso de datos aislados con fines electorales desorienta a la sociedad y no ayuda a la concordia, al entendimiento y al logro de los acuerdos necesarios.
EL GUSTO Y EL GASTO
(Extracto del texto publicado por César Nava, presidente nacional del PAN, el 12 de enero de 2010 en El Universal)
La reciente alza a los precios de las gasolinas entraña una decisión difícil. Se trata de una decisión de políticas públicas que es al mismo tiempo dura y responsable. Dura, porque lamentablemente las familias mexicanas resentirán el impacto del aumento al pagar 3.40 pesos más en promedio al llenar el tanque, cerca de 7 pesos al mes si consideramos el consumo promedio. Responsable, porque tiende a reducir el subsidio que anualmente destinamos los mexicanos para mantener los precios de las gasolinas en los niveles de precios observados en los últimos años, al tiempo de liberar recursos para ser destinados a los programas sociales de mayor impacto.
Lo que busca el PRI al ignorar su corresponsabilidad en los aumentos, es enrarecer el clima político y obtener una ganancia electoral en un año altamente competido. En otras palabras, lo que pretende el PRI es llevarse el gusto mientras que el gobierno y el PAN pongan el gasto. Muy lejos de su discurso de supuesta disposición a apoyar los cambios que el país necesita. A años luz de su compromiso de corresponsabilidad en la conducción de los destinos del país desde la oposición. El PAN no elude su responsabilidad y esperaría que el PRI asumiera la propia.
La construcción de acuerdos requiere de un clima de genuina disposición al diálogo y al encuentro de voluntades. En sentido contrario a lo ofrecido, el tono y el fondo empleados por el PRI durante los primeros días del año muestran a un partido que apuesta por la confrontación entre los mexicanos.
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DOS TEXTOS. DOS AUTORES. FECHAS DISTINTAS. TEMAS DISTINTOS. MUTUO RECLAMO. ¿MISMO DISCURSO?
Los textos se distancian uno de otro por seis meses; sin embargo, pareciera que la confrotación se efectúa en el mismo momento. Aun cuando los tópicos-pretexto para interpelar al contrario son de índole distinta, los argumentos para desacreditar las acciones y actitudes del grupo opositor son muy parecidas. ¿Esto significa que el tema es lo de menos cuando el propósito fundamental es deslegitimar al otro? Para acusar al contrario por su falta de voluntad, incluso incapacidad, para lograr acuerdos, ¿apelar al alza de la gasolina o al eslogan sexenal es lo que menos importa?
¿Podríamos afirmar que prevalece la defensa de la bandera partidista ante la discusión, exposición o análisis de los acontecimientos que tienen lugar en el espacio público? ¿Qué forma adquiere la tinta derramada por los políticos en los espacios opinativos?
He aquí dos textos para arrancar con el intercambio reflexivo en torno a lo publicado por los políticos en los diarios mexicanos.
¿Se trata, en el caso de estos textos, de un diálogo entre partidos?
¿VIVIR MEJOR?
(Extracto del texto publicado por Francisco Rojas, coordinador de los diputados federales del PRI, el 1 de junio de 2010 en El Universal)
Hoy la gente se sabe indefensa al ver que cada semana, cada día, se confirma que este es un gobierno fallido. Es inquietante que el gobierno crea que los problemas son sólo “percepciones”, pues esa lógica hace que se gobierne con discursos y campañas mediáticas que hablan de un país imaginario, y no con acciones reales y eficaces.
¿“Mejor”? ¿Vivimos mejor hoy que hace tres años y medio o hace 10? ¿Mejor en la inseguridad y la violencia en distintas partes del territorio nacional? ¿Vivimos mejor con una política económica recesiva y dos millones y medio de trabajadores sin trabajo? ¿Viven mejor los niños y jóvenes con una educación que ha caído en la desidia y el engaño y está desvinculada de la economía? ¿Vive mejor la mitad de la población que está en pobreza o a punto de caer en ella? ¿Mejor los hombres y mujeres que perdieron su empleo y no pueden encontrar otra colocación digna?
Entre discursos que intentan cambiar las “percepciones”, rencillas políticas y uso de los programas sociales con fines preelectorales, se ha perdido la primera mitad de otro sexenio, mientras los problemas diarios de la gente se agravan y el gobierno parece creer en el mundo ilusorio que ideó como eje de su política de persuasión colectiva.
Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con las autoridades con objeto de evitar descalabros futuros y propiciar que se adopten las medidas necesarias para que la recuperación sea real y duradera, pero el uso de datos aislados con fines electorales desorienta a la sociedad y no ayuda a la concordia, al entendimiento y al logro de los acuerdos necesarios.
EL GUSTO Y EL GASTO
(Extracto del texto publicado por César Nava, presidente nacional del PAN, el 12 de enero de 2010 en El Universal)
La reciente alza a los precios de las gasolinas entraña una decisión difícil. Se trata de una decisión de políticas públicas que es al mismo tiempo dura y responsable. Dura, porque lamentablemente las familias mexicanas resentirán el impacto del aumento al pagar 3.40 pesos más en promedio al llenar el tanque, cerca de 7 pesos al mes si consideramos el consumo promedio. Responsable, porque tiende a reducir el subsidio que anualmente destinamos los mexicanos para mantener los precios de las gasolinas en los niveles de precios observados en los últimos años, al tiempo de liberar recursos para ser destinados a los programas sociales de mayor impacto.
Lo que busca el PRI al ignorar su corresponsabilidad en los aumentos, es enrarecer el clima político y obtener una ganancia electoral en un año altamente competido. En otras palabras, lo que pretende el PRI es llevarse el gusto mientras que el gobierno y el PAN pongan el gasto. Muy lejos de su discurso de supuesta disposición a apoyar los cambios que el país necesita. A años luz de su compromiso de corresponsabilidad en la conducción de los destinos del país desde la oposición. El PAN no elude su responsabilidad y esperaría que el PRI asumiera la propia.
La construcción de acuerdos requiere de un clima de genuina disposición al diálogo y al encuentro de voluntades. En sentido contrario a lo ofrecido, el tono y el fondo empleados por el PRI durante los primeros días del año muestran a un partido que apuesta por la confrontación entre los mexicanos.
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DOS TEXTOS. DOS AUTORES. FECHAS DISTINTAS. TEMAS DISTINTOS. MUTUO RECLAMO. ¿MISMO DISCURSO?
Los textos se distancian uno de otro por seis meses; sin embargo, pareciera que la confrotación se efectúa en el mismo momento. Aun cuando los tópicos-pretexto para interpelar al contrario son de índole distinta, los argumentos para desacreditar las acciones y actitudes del grupo opositor son muy parecidas. ¿Esto significa que el tema es lo de menos cuando el propósito fundamental es deslegitimar al otro? Para acusar al contrario por su falta de voluntad, incluso incapacidad, para lograr acuerdos, ¿apelar al alza de la gasolina o al eslogan sexenal es lo que menos importa?
¿Podríamos afirmar que prevalece la defensa de la bandera partidista ante la discusión, exposición o análisis de los acontecimientos que tienen lugar en el espacio público? ¿Qué forma adquiere la tinta derramada por los políticos en los espacios opinativos?
lunes, 31 de mayo de 2010
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