Elaborado por Boligán

miércoles, 16 de junio de 2010

El mismo Senador en dos escaparates

REFORMA FISCAL, ¿IMPOSTERGABLE?

(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en La Crónica de Hoy)

La reciente crisis financiera mundial, así como lo acontecido en la Unión Europea con Grecia, son focos rojos que más allá de comentar y analizar sus consecuencias nos deberían servir como punto de arranque para consolidar la reforma fiscal integral que necesita el país, si se quiere generar su desarrollo y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, al tiempo de evitar tragedias financieras.

Es conocido de propios y extraños, de especialistas e inexpertos, que el sistema fiscal en México presenta grandes deficiencias. Desde hace varias décadas se viene discutiendo en el país —aunque sin consolidar nada— la insuficiencia del aparato fiscal como instrumento de apoyo al crecimiento económico y a la equidad social. La carga tributaria mexicana es una de las más bajas del mundo y, en la práctica, el sistema impositivo dista de ser eficaz como correctivo de la desigualdad en la distribución del ingreso.

El asunto está tan entrampado que cuando se han buscado soluciones a lo más que se llega en el Congreso de la Unión es a la propuesta de aumentar los impuestos. Todos lo sabemos, pero lo llegamos a perder de vista, que la baja recaudación, como proporción del PIB en México, no tiene como origen bajas tasas impositivas. Es más, aunque muchos no quieren ni que se mencione este argumento, la verdad es que las tasas mexicanas, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, se asemejan a las vigentes en países con altos ingresos tributarios. Uno de los grandes problemas reside en los regímenes especiales que siempre se modifican, a favor de los interesados, en la Ley de Ingresos que se aprueba cada año.

El grave problema que enfrentamos en México, y que en parte es responsable de la baja recaudación y por ende del escaso desarrollo del país, es la existencia de una compleja maraña de tratamientos especiales a diversos sectores que complican la administración recaudatoria y propician altos niveles de evasión y elusión.

Desde luego que no es el único problema que frena el desarrollo del país, muchos otros también influyen, tales como la desigualdad a la que se enfrentan los empresarios mexicanos ante la apertura internacional de la economía, la creciente informalidad, la competencia desleal, el favoritismo a los grandes monopolios, la desigual distribución del ingreso, la desconfianza en las autoridades, la inseguridad, la pobreza, etcétera; sin embargo, por uno tenemos que empezar para ir rompiendo este círculo vicioso.

A todo lo anterior no hay que dejar de considerar que México cuenta con un sistema fiscal que, además de ser muy limitado desde el punto de vista recaudatorio, resulta altamente vulnerable por su dependencia al petróleo. No queremos comprender que el petróleo es un recurso no renovable y que si seguimos con esa dependencia extrema, sin plantear soluciones a futuro, éste finalmente nos alcanzará y sin soluciones.

En este contexto, la única solución viable que ve la Secretaría de Hacienda, para generar el crecimiento en México, es que se paguen más impuestos. El asunto no está en la tasa del impuesto, sino en quienes los pagamos. Creo que nadie se opondría a pagar sus impuestos si hubiera factores de certeza; es decir, si fueran los justos, si las deducciones y el pago fueran de manera simple y sencilla, si desaparecieran los regímenes especiales, si el dinero de los impuestos de los ciudadanos lo vieran reflejado en su calidad de vida, y si no existieran abusos por parte de las autoridades, etcétera, etcétera.

A través de varias décadas, año tras año, o legislatura tras legislatura, se ha intentado consolidar una reforma fiscal, con un argumento contundente pero poco fuerte para lograrlo: México ha tenido tasas muy bajas de crecimiento en los últimos 30 años. Los intentos han quedado en algunas reformas, lo que se conoce como miscelánea fiscal, que lo único que ha conseguido es que México se mantenga a unas tasas de crecimiento muy escasas, a mediano plazo, que resultan inferiores a lo que tienen países emergentes.

Ya no se trata de decir que es impostergable la reforma fiscal, ese es un discurso gastado. Se trata de ver cómo y cuánto compromiso hay para consolidar la reforma fiscal, se trata de ver cuántos y cuáles compromisos existen para poder quitar los regímenes especiales, se trata de ver hasta dónde hay visión de Estado en el Congreso para hacer a un lado los asuntos electorales y coyunturales y fincar compromisos con México y su gente.


TRABAJO INFANTIL: VERGÜENZA NACIONAL

(Texto publicado por René Arce, Senador del PRD, el 16 de junio de 2010 en El Sol de México)

El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta fecha nos recordó la enorme deuda que se tiene con los menores, en el país y en el mundo, pues poco se ha avanzado para evitar que los niños dejen de trabajar.

De acuerdo con cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo hay 158 millones de niños y niñas menores de 15 años que están obligados a trabajar; ello debido a que la inmensa mayoría tiene muy pocas posibilidades de acceso a la educación y a oportunidades para su desarrollo, lo que afecta su seguridad. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, del total de los menores que laboran, 115 millones lo hacen expuestos a actividades que entrañan peligro para su salud.

En México, la situación del trabajo infantil -a pesar de que la Constitución lo prohíbe- no tiene nada de honrosa, por el contrario. Cifras oficiales del INEGI señalan que en el país hay 3.6 millones de niños trabajadores, con una edad que oscila entre 5 y 17 años. De ellos, un millón 100 mil son menores de 14 años y cerca de 30 por ciento laboran en el sector agrícola, pero también hay porcentajes considerables en sectores como el comercio, servicios y la industria manufacturera.

De acuerdo con el INEGI, los principales motivos por los cuales los niños y las niñas realizaron algún trabajo remunerado son: para pagar su escuela o sus propios gastos, porque en el hogar necesitan de su trabajo o para aprender un oficio, poniendo en riesgo su desarrollo físico, mental y moral.

A pesar de que el peso relativo de la población infantil en el país va disminuyendo, no reduce -por el contrario, aumenta- el número de menores que se encuentran laborando. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo) se precisa que mientras en 1974 el país contaba con 26.8 millones de menores de 15 años de edad, que entonces representaban 46.8 por ciento del total de la población, en 2009 México tenía 30.9 millones de niños y su peso relativo fue de 28.7 por ciento. ¿Qué se está haciendo mal para que mayor número de niños en el país tenga la necesidad de trabajar en vez de estudiar?

Por su parte, y de acuerdo con una investigación que realizó, la Confederación Nacional Campesina (CNC) dio sus propias cifras. De su estudio se desprende que 50 por ciento de los seis millones de jornaleros agrícolas que se emplean en los campos del país son niños y adolescentes que aportan cerca del 35 por ciento del ingreso familiar, en un entorno en donde son escasos los esfuerzos para evitar la explotación laboral de los menores.

La aportación tan "significativa" que hacen los menores al ingreso familiar se alcanza, desafortunadamente, con jornadas que rebasan las ocho horas diarias, salarios inferiores al mínimo, con trabajo en condiciones insalubres y desprovistos de cualquier tipo de seguridad social. Es decir, a los menores, por el hecho de serlo, siempre se les pagará menos y no podrán ejercer los derechos laborales y humanos.

El trabajo infantil resulta una vergüenza nacional, no sólo porque indica la incapacidad del Estado de dar a los niños oportunidades de educación y a sus padres de desarrollo, sino porque también priva del disfrute de la niñez, obliga a abandonar la escuela de forma prematura y puede ser perjudicial para el bienestar físico, mental y moral de estos menores, que en el futuro tendrán la responsabilidad del desarrollo del país.

No podemos ni debemos caer en la irresponsabilidad de condenar el trabajo infantil sin denunciar las causas que lo han generado, pero sobre todo, sin proponer una ruta que nos encamine hacia su erradicación. De acuerdo con especialistas, la única estrategia válida contra el trabajo infantil es reducir la pobreza en las áreas rurales de los países en desarrollo.

En nuestro país, la pobreza se agudizó desde hace cerca de tres décadas, cuando se implantó un modelo económico inhumano que daba preferencia al capital ante y sobre las personas. El problema es que, a pesar de que ese modelo económico ha fracasado, pues México no ha tenido un crecimiento real sostenido -y países que históricamente tenían un crecimiento menor al del nuestro ahora lo han superado-, el modelo continúa y sigue ensanchando la brecha entre ricos y pobres. ¿Hasta cuándo entenderemos que han sido más los daños que los beneficios de este modelo económico? Pero sobre todo, ¿hasta cuándo tendremos una visión de Estado para diseñar el modelo económico que más le conviene a México?

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