DERECHOS HUMANOS
(Texto publicado por Santiago Creel, Senador del Partido Acción Nacional, el 11 de abril de 2010 en El Universal)
El Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
DERECHOS HUMANOS: CONTRAPESO AL ESTADO
(Texto publicado por Rubén Moreira, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 16 de abril de 2010 en El Universal)
México vive momentos lamentables en cuestión del respeto a los derechos humanos. No son sólo la gran cantidad de sucesos en donde la fuerza pública daña a particulares. Lo más peligroso es que desde el poder se alientan estrategias de seguridad que desembocan en abusos, daños, detenciones arbitrarias e incluso homicidios culposos.
A la cifra oficial —de miles de muertos— se añaden los mal llamados “daños colaterales” de la perversamente bautizada “guerra contra el narco”. Cada semana se reportan inocentes que fallecen, víctimas del fuego cruzado o bien de balas perdidas, como el caso de los jóvenes del Tec.
En el discurso la autoridad pondera la legalidad, pero en términos concretos las cosas van por otro camino. En 2009, por ejemplo, de 78 recomendaciones emitidas sólo se cumplieron siete en forma total y 20 no fueron aceptadas por parte de 25 autoridades. Organismos internacionales han señalado la gravedad de lo que ocurre en el país, entre ellos Amnistía Internacional y, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recomendó al Estado mexicano: modificar la legislación para que las violaciones de las fuerzas armadas a los derechos humanos sean juzgadas por autoridades civiles; eliminar la figura del arraigo y garantizar la presunción de inocencia; además de armonizar la legislación de los estados con los compromisos internacionales firmados por México.
A lo anterior se suma el antecedente de el michoacanazo, acción por la cual se detuvo a servidores públicos estatales acusándolos de vínculos con el narco, en pleno proceso electoral, dejando en el ánimo de la opinión nacional la sensación de ser una estratagema de carácter político, percepción que cobra fuerza con la liberación de los funcionarios y con la difusión de la recomendación de la CNDH que alertó de la injusticia.
En medio de este panorama desolador, el Senado abrió una puerta que puede iniciar la reconstrucción de la legalidad en el país. Sobre un dictamen que recibió de la Cámara de Diputados construyó una reforma en materia de derechos humanos que no tiene precedente y representa una esperanza de defensa ante un Ejecutivo que empuja el autoritarismo y la impunidad. La reforma cambia el nombre de un capítulo, toca 11 artículos y obligará a una amplia modificación a leyes reglamentarias y a las constituciones locales. En este esfuerzo legislativo se reconocen los derechos humanos como garantía de las personas, tanto los de la propia Constitución como los contenidos en los tratados internacionales signados por nuestro país. Además, incluye los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos e incorpora límites contundentes a la posibilidad de suspender garantías y derechos humanos.
La CNDH tendrá nuevas facultades que la redimensionan, podrá iniciar investigaciones y presentar las denuncias que considere pertinentes; para lo anterior adquiere la calidad de autoridad investigadora, lo que obliga a otras autoridades a entregar la información que requiera para desarrollar su trabajo. Con la reforma también tendrá la posibilidad de conocer asuntos de carácter laboral, hasta ahora inexplicablemente vedados para ella.
Entre las modificaciones resalta una que tiene efectos prácticos inmediatos: la autoridad que rechace una recomendación podrá ser citada ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso para explicar su proceder; esto significará un fuerte contrapeso para que la autoridad recomendada acate lo dispuesto por la CNDH.
La esencia del régimen constitucional es reconocer derechos fundamentales y establecer límites al ejercicio del poder público. Los pesos y contrapesos deben regir sobre poderes y actos de autoridad, pero hacía tiempo que el fiel de la balanza se inclinaba hacia la autoridad. Justificado en un estado de emergencia, llegamos a vivir en un estado con reglas de excepción. Vemos con gusto que con reformas de este tipo las reglas se inclinen de nuevo en favor de los derechos humanos y de las garantías, es una muestra clara de que en estos momentos, cuando presagian una década de violencia, existan contrapesos a la actuación de la autoridad; se trata de un camino de regreso al estado de normalidad.
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AMBOS TEXTOS SE REFIEREN A LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. UNO DETALLA LAS MODIFICACIONES Y LO QUE SE DESPRENDE DE ELLAS. OTRO, SI BIEN ENUNCIA LOS BENEFICIOS QUE TRAE CONSIGO, DESCRIBE EL PANORAMA EN EL QUE SE INSERTA DICHA REFORMA.
¿PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LOS TEXTOS SE COMPLEMENTAN?
¿ENCONTRAMOS EN ELLOS HUELLAS DE POSICIONAMIENTOS PARTIDISTAS?
(Texto publicado por Santiago Creel, Senador del Partido Acción Nacional, el 11 de abril de 2010 en El Universal)
El Senado de la República aprobó por unanimidad, el jueves pasado, una reforma que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
La reforma parte de la premisa de que no hay materia más importante en una democracia moderna, que los derechos humanos. Abarca su reconocimiento, protección y promoción por parte del Estado mexicano, tanto en la política interna como en la política exterior. Se reconocen como derechos inherentes a la persona, por el simple hecho de serlo y, en consecuencia, el Estado no los podrá suspender o revocar. En esto radica su trascendencia.
Mediante estas adiciones, se protege a toda persona sin distinguir su condición social, jurídica o política. Incluye todos aquellos derechos que hoy están contenidos en nuestra Constitución, independientemente de donde se ubiquen —sean como garantías individuales, como garantías sociales, o en cualquier otro título o capítulo— y se extiende también a los comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Con la reforma, estos derechos gozarán con plena protección jurisdiccional, puesto que los tribunales estarán obligados a resolver conforme a este nuevo arreglo constitucional. Así, por ejemplo, ante violaciones por derechos políticos, laborales, de ecología y medio ambiente, cualquier persona en territorio mexicano contará con medios de defensa para hacerlos exigibles.
Actualmente, por increíble que parezca, los tribunales federales se han declarado, invariablemente, incompetentes para resolver las controversias suscitadas por violaciones a los derechos humanos, contenidos en tratados internacionales.
También, la reforma prevé que bajo ninguna circunstancia podrán suspenderse o restringirse el ejercicio de los derechos, tales como el derecho a la vida, a la no discriminación, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o la libertad de religión, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la facultad para investigar hechos que constituyan graves violaciones a las garantías individuales. Cuando se han suscitado este tipo de violaciones, inclusive comprobadas por la Corte, sencillamente no ha habido manera de fincar responsabilidad. Esto, sin duda, aparte de generar una enorme injusticia, provoca una gran frustración social y debilita institucionalmente al máximo tribunal del país.
Con lo que aprobó el Senado, esta facultad pasa a la CNDH que, además de investigar, podrá presentar las denuncias que permitan llegar hasta las últimas consecuencias en cada caso, es decir, al fincamiento de responsabilidades concretas, a la aplicación de sanciones y algo muy importante: también deberá reparar el daño a las víctimas.
Asimismo, establece que las autoridades que rechacen las recomendaciones de la CNDH deberán fundar, motivar y publicar las razones de su decisión y, además, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado de la República para dar cuenta de su negativa.
Igualmente, se aprobó que se unifiquen los criterios para que las comisiones estatales gocen de plena autonomía y sus presidentes sean electos mediante un procedimiento de consulta pública, para evitar que estos organismos queden subordinados a los gobernadores.
Los cambios realizados no solamente incluyen cuestiones de política interior. También obligan al Estado mexicano para que los derechos humanos sean el referente obligado de la política exterior, independientemente de las relaciones políticas o comerciales que pueda mantener con países que no garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.
La reforma es tan amplia, que incluye modificaciones al artículo tercero constitucional, a fin de que en todo el sistema educativo nacional se promueva una cultura de los derechos humanos, para que desde la infancia se inculquen los valores del respeto a los derechos.
Pocas veces hemos estado ante una reforma constitucional de esta magnitud, que ha sido precedida de un amplio debate, rico en su pluralidad, profundo en su reflexión y eficaz en sus resultados. Una reforma que pone a México en el camino de convertirse en una democracia moderna.
Con esta reforma los senadores del Partido Acción Nacional regresamos a nuestros orígenes, defendemos nuestros principios y hacemos avanzar el ideario político, fundado en una visión humanista, cuyo eje fundamental es el respeto a la dignidad de la persona.
DERECHOS HUMANOS: CONTRAPESO AL ESTADO
(Texto publicado por Rubén Moreira, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 16 de abril de 2010 en El Universal)
México vive momentos lamentables en cuestión del respeto a los derechos humanos. No son sólo la gran cantidad de sucesos en donde la fuerza pública daña a particulares. Lo más peligroso es que desde el poder se alientan estrategias de seguridad que desembocan en abusos, daños, detenciones arbitrarias e incluso homicidios culposos.
A la cifra oficial —de miles de muertos— se añaden los mal llamados “daños colaterales” de la perversamente bautizada “guerra contra el narco”. Cada semana se reportan inocentes que fallecen, víctimas del fuego cruzado o bien de balas perdidas, como el caso de los jóvenes del Tec.
En el discurso la autoridad pondera la legalidad, pero en términos concretos las cosas van por otro camino. En 2009, por ejemplo, de 78 recomendaciones emitidas sólo se cumplieron siete en forma total y 20 no fueron aceptadas por parte de 25 autoridades. Organismos internacionales han señalado la gravedad de lo que ocurre en el país, entre ellos Amnistía Internacional y, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La ONU recomendó al Estado mexicano: modificar la legislación para que las violaciones de las fuerzas armadas a los derechos humanos sean juzgadas por autoridades civiles; eliminar la figura del arraigo y garantizar la presunción de inocencia; además de armonizar la legislación de los estados con los compromisos internacionales firmados por México.
A lo anterior se suma el antecedente de el michoacanazo, acción por la cual se detuvo a servidores públicos estatales acusándolos de vínculos con el narco, en pleno proceso electoral, dejando en el ánimo de la opinión nacional la sensación de ser una estratagema de carácter político, percepción que cobra fuerza con la liberación de los funcionarios y con la difusión de la recomendación de la CNDH que alertó de la injusticia.
En medio de este panorama desolador, el Senado abrió una puerta que puede iniciar la reconstrucción de la legalidad en el país. Sobre un dictamen que recibió de la Cámara de Diputados construyó una reforma en materia de derechos humanos que no tiene precedente y representa una esperanza de defensa ante un Ejecutivo que empuja el autoritarismo y la impunidad. La reforma cambia el nombre de un capítulo, toca 11 artículos y obligará a una amplia modificación a leyes reglamentarias y a las constituciones locales. En este esfuerzo legislativo se reconocen los derechos humanos como garantía de las personas, tanto los de la propia Constitución como los contenidos en los tratados internacionales signados por nuestro país. Además, incluye los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos e incorpora límites contundentes a la posibilidad de suspender garantías y derechos humanos.
La CNDH tendrá nuevas facultades que la redimensionan, podrá iniciar investigaciones y presentar las denuncias que considere pertinentes; para lo anterior adquiere la calidad de autoridad investigadora, lo que obliga a otras autoridades a entregar la información que requiera para desarrollar su trabajo. Con la reforma también tendrá la posibilidad de conocer asuntos de carácter laboral, hasta ahora inexplicablemente vedados para ella.
Entre las modificaciones resalta una que tiene efectos prácticos inmediatos: la autoridad que rechace una recomendación podrá ser citada ante el Senado o la Comisión Permanente del Congreso para explicar su proceder; esto significará un fuerte contrapeso para que la autoridad recomendada acate lo dispuesto por la CNDH.
La esencia del régimen constitucional es reconocer derechos fundamentales y establecer límites al ejercicio del poder público. Los pesos y contrapesos deben regir sobre poderes y actos de autoridad, pero hacía tiempo que el fiel de la balanza se inclinaba hacia la autoridad. Justificado en un estado de emergencia, llegamos a vivir en un estado con reglas de excepción. Vemos con gusto que con reformas de este tipo las reglas se inclinen de nuevo en favor de los derechos humanos y de las garantías, es una muestra clara de que en estos momentos, cuando presagian una década de violencia, existan contrapesos a la actuación de la autoridad; se trata de un camino de regreso al estado de normalidad.
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AMBOS TEXTOS SE REFIEREN A LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. UNO DETALLA LAS MODIFICACIONES Y LO QUE SE DESPRENDE DE ELLAS. OTRO, SI BIEN ENUNCIA LOS BENEFICIOS QUE TRAE CONSIGO, DESCRIBE EL PANORAMA EN EL QUE SE INSERTA DICHA REFORMA.
¿PODRÍAMOS AFIRMAR QUE LOS TEXTOS SE COMPLEMENTAN?
¿ENCONTRAMOS EN ELLOS HUELLAS DE POSICIONAMIENTOS PARTIDISTAS?
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